El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este lunes a las negociaciones que el gobierno chileno mantiene con Estados Unidos en el marco de la guerra arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump, la cual contempla dos tasas que podrían afectar directamente a las exportaciones nacionales: una general y otra de hasta 50% específicamente para el cobre, sobre la cual aún no hay claridad respecto a su aplicación concreta.
Marcel se mostró moderadamente optimista frente a la posibilidad de que el cobre quede excluido de la nueva política arancelaria, destacando que en acuerdos anteriores con otras naciones se han hecho excepciones para materias primas estratégicas.
“Para este tipo de materias primas en otros acuerdos, se han hecho excepciones y se han incluido dentro del conjunto de negociaciones”, sostuvo el jefe de las finanzas públicas.
Como ejemplo, citó el acuerdo entre Reino Unido y EE.UU., donde el acero fue incorporado en las conversaciones, y el caso de Indonesia, donde el cobre también fue considerado.
“Nosotros lo que esperamos es que estas conversaciones que empiezan hoy día en Washington abarquen también el tema del cobre, porque no nos serviría de mucho tener un acuerdo comercial excluyendo a más de la mitad de nuestras exportaciones a EE.UU., como son las de cobre y madera”, advirtió.
Sin represalias arancelarias
Consultado sobre una posible respuesta arancelaria chilena, Marcel descartó de plano imponer aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses, argumentando que estos serían pagados por los propios consumidores chilenos.
“Un arancel es un impuesto a las importaciones y lo tienen que pagar los consumidores locales (…) Nosotros no vamos a castigar a nuestros contribuyentes aplicándoles un arancel a las importaciones de EE.UU.”, recalcó el ministro.
Discusión sobre la eliminación de la UF
En otro tema, Marcel abordó el debate legislativo en torno al proyecto de ley impulsado por diputados oficialistas que busca eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos como créditos hipotecarios, arriendos, aranceles educacionales y servicios de salud.
Al respecto, el ministro expresó su preocupación, especialmente en lo que respecta a los créditos hipotecarios, dado que la UF fue creada precisamente para facilitar el acceso a financiamiento de largo plazo.
“De lo que está planteado, lo más grave para nosotros es el tema del crédito hipotecario, porque la UF en buena medida se creó para desarrollar el crédito a largo plazo, entre otras cosas para la vivienda”, explicó.
Añadió que sin reajustabilidad, los préstamos tendrían que reducirse en plazo o bien subir las tasas de interés, lo que afectaría la accesibilidad al crédito para las familias.
“Cuando estamos hablando de créditos a 20 o 30 años, el tema de la reajustabilidad es fundamental. Si no, tendríamos créditos a plazos más cortos, a tasas más altas, para menos gente o en dólares”, subrayó.
Sobre el uso de la UF en precios de bienes y servicios, el ministro hizo una distinción y señaló que ese aspecto debería ser abordado con el SERNAC, y no necesariamente mediante una reforma financiera.
“Distinto es el caso de cuando se usa la UF para fijar precios de bienes o ciertos servicios. Es un tema distinto. Yo le planteé a los parlamentarios que eso lo vieran con el Sernac”, concluyó.
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