La preocupación de los chilenos por la corrupción ha registrado un incremento significativo en los últimos diez años, pasando de 11% en 2015 a 23% en 2025, según reveló un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP). El fenómeno, que ha salpicado a diversas instituciones del país, se posiciona hoy como uno de los cinco principales problemas que, a juicio de la ciudadanía, el Gobierno debería priorizar.
El alza en la percepción de corrupción se enmarca en un contexto marcado por diversos escándalos recientes, como la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, y los cuestionados convenios entre el Estado y entidades privadas, que han generado fuerte malestar social.
Además, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional mostró que Chile cayó tres puestos en el ranking global, pasando del lugar 29° al 32°, evidenciando un retroceso en la percepción internacional sobre la probidad institucional del país.
Estudio revela cambio en la percepción ciudadana
En la Encuesta CEP N°91 de 2024, un 69% de los encuestados afirmó creer que la corrupción afecta a “todas o casi todas las personas del servicio público”, incluyendo a los tres poderes del Estado: Congreso, Gobierno y tribunales de justicia.
El investigador Mauricio Salgado, autor del estudio “¿A quién le importa la corrupción?: Dinámica de la preocupación por la corrupción en Chile”, analizó todas las encuestas CEP entre 2000 y 2025 para medir cómo ha evolucionado esta inquietud en la población.
“Hasta 2015, solo un 11% mencionaba la corrupción entre los tres principales problemas. Luego de los escándalos como el caso Caval, Penta-SQM y el financiamiento ilegal de la política, ese porcentaje se duplicó a 23%, y se ha mantenido en ese nivel hasta hoy”, explicó Salgado.
El investigador calificó ese momento como un «punto de inflexión» que transformó las actitudes públicas hacia la política, evidenciando desconfianza hacia la influencia del dinero y las redes personales en la toma de decisiones.
Malestar creciente en la ciudadanía
Salgado sostuvo que el fenómeno representa más que una inquietud puntual: se trata de una expresión de malestar social, donde los ciudadanos perciben que la institucionalidad no responde adecuadamente a sus demandas y que existen espacios de poder capturados por intereses particulares.
“Las personas ya no solo creen que hay corrupción, sino que sienten que las instituciones no son capaces de frenarla. Eso erosiona la confianza y tiene impacto directo en la aprobación del Gobierno, en los ciclos electorales y en la valoración de la democracia”, advirtió.
Además, el estudio observa que la preocupación por la corrupción disminuye al inicio de los gobiernos, cuando hay mayores expectativas, y aumenta hacia el final del mandato, al percibirse un incumplimiento de promesas.
Cambio de perfil en los preocupados por la corrupción
Otro hallazgo relevante del estudio es que, hasta 2015, quienes mostraban mayor preocupación por la corrupción eran personas de mayor edad, nivel educacional alto y estatus socioeconómico elevado.
Sin embargo, en la última década, la inquietud se ha extendido a sectores medios y bajos, incluyendo a jóvenes entre 18 y 24 años. Según Salgado, esto responde a un proceso de socialización generacional en contextos de escándalos constantes: “Esta generación nació viendo escándalos: el caso Caval, el financiamiento ilegal de la política, corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Han sido educados en una realidad donde la corrupción es parte del paisaje político, y por eso hoy son más conscientes y críticos”, afirmó.
Propuestas para enfrentar la corrupción
El estudio propone una serie de medidas para mitigar el fenómeno, entre las que destacan:
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Reducir la complejidad normativa del Estado,
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Mejorar la coordinación institucional,
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Avanzar en la profesionalización del servicio público.
Estas acciones, señala Salgado, permitirían cerrar espacios a la corrupción, facilitar la rendición de cuentas y recuperar la confianza ciudadana. Además, podrían tener un impacto positivo en el crecimiento económico, al eliminar prácticas colusorias y negociaciones informales.
“Los actores políticos cometerían un error garrafal si no abordan el tema con urgencia. Hoy la corrupción ya no es solo un problema de élites, está afectando a los sectores más jóvenes y vulnerables, que son cada vez más conscientes de cómo los perjudica”, concluyó.
La corrupción ya no es un tema secundario en el debate público chileno. Según las proyecciones del estudio, de mantenerse la tendencia y ante la continuidad de casos de alto impacto, el porcentaje de ciudadanos que la identifiquen como una de las principales preocupaciones podría seguir aumentando con fuerza en los próximos años.
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