La organización no gubernamental Foro Penal informó que actualmente hay 807 presos políticos en Venezuela, cifra que refleja un balance entre 55 excarcelaciones recientes y nueve nuevos arrestos, lo que ha sido calificado por la ONG como una práctica sistemática de “puerta giratoria”, donde “unos salen de la cárcel pero otros entran”.
Del total de detenidos, 712 son hombres y 95 mujeres, entre ellos cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, según datos publicados por la ONG en la red social X. Además, 638 son civiles y 169 militares, y 652 personas permanecen encarceladas sin condena. En cuanto al origen, 83 presos tienen nacionalidad extranjera.
Desde 2014, Foro Penal ha documentado 18.455 detenciones políticas y asegura haber brindado asistencia legal a más de 14.000 personas que posteriormente fueron liberadas. A pesar de estas excarcelaciones, actualmente más de 9.000 ciudadanos siguen sujetos a medidas arbitrarias que restringen su libertad, afirmó la organización.
La última lista de presos políticos fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU con el objetivo de ser “verificada y certificada”, agregó Foro Penal a través de sus canales oficiales.
El pasado 18 de julio, el régimen de Nicolás Maduro liberó a un grupo de presos políticos y a diez ciudadanos estadounidenses en el marco de una negociación con Estados Unidos. Como parte de ese acuerdo, también se produjo el retorno de 252 migrantes venezolanos que habían estado detenidos en El Salvador desde marzo, tras su deportación desde territorio estadounidense.
No obstante, en los días posteriores, la líder opositora María Corina Machado denunció una “brutal ola de represión” que incluyó “más de 20 desaparecidos y presos”, responsabilizando directamente al régimen chavista. Además, subrayó que la Justicia internacional tiene la obligación de hacer responsables a los perpetradores.
En sintonía, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció la semana pasada que las autoridades venezolanas cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos, señalando un patrón sostenido de “puerta giratoria” en las detenciones.
A pesar de estas denuncias, el régimen venezolano y la Fiscalía continúan sosteniendo que en el país no existen presos políticos, sino personas privadas de libertad por delitos comunes. Esta postura es rechazada por ONG, partidos opositores y líderes disidentes, quienes aseguran que se trata de una estrategia para criminalizar la disidencia.
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