La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela oculta los resultados electorales del 28 de julio de 2024, fecha en la que, según múltiples denuncias, habría resultado ganador el opositor Edmundo González Urrutia, y además mantiene vigente un poderoso aparato represivo e ilegal para consolidar su permanencia en el poder.
La grave denuncia fue presentada durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA por Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien expuso una actualización de cinco páginas sobre la crisis política y de derechos humanos que vive el país caribeño.
CIDH: Maduro lidera un Estado represor y encubridor
En su intervención, Mees afirmó que el Consejo Nacional Electoral venezolano no ha publicado las actas oficiales que permitan verificar los resultados de los comicios de 2024, violando tanto la normativa nacional como los principios democráticos internacionales.
«Más de un año después, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro. Esta negativa… priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad sobre su voto«, leyó Mees, en un documento que retrata un clima de opacidad, represión y arbitrariedad judicial.
La relatora también detalló graves violaciones a los derechos humanos tras las protestas postelectorales, señalando que:
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Más de 2.000 personas fueron detenidas según el propio Maduro.
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El fiscal general confirmó 25 muertes, 24 de ellas por impactos de bala en cabeza o tórax, y una por golpiza mortal.
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Cientos de adolescentes fueron arrestados, muchos de ellos de bajos recursos, en la denominada «Operación Tun Tun».
“Un año después, no hay justicia ni rendición de cuentas. Muchas detenciones se han convertido en desapariciones forzadas. Decenas de presos políticos siguen detenidos sin asistencia legal ni contacto con sus familias», advirtió Mees.
Periodistas perseguidos y represión institucionalizada
La relatora también incluyó testimonios de periodistas detenidos arbitrariamente y denunció un patrón sistemático de silenciamiento de la disidencia y manipulación de la justicia para proteger al régimen.
“Hoy vemos cómo el colapso democrático en Venezuela se manifiesta en un Estado que reprime, silencia y utiliza la justicia como herramienta de poder”, concluyó.
Argentina denuncia desaparición de Nahuel Gallo
Durante la sesión, el embajador argentino en la OEA, Carlos Cherniak, intervino enérgicamente en nombre del gobierno de Javier Milei, denunciando la desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo en territorio venezolano.
“Cuando una de las acciones sistemáticas de violación a los derechos humanos es la desaparición forzada, el crimen no termina el día de la desaparición, sino que continúa sin solución hasta estos días”, afirmó.
Cherniak recalcó que el caso de Gallo representa a muchos otros desaparecidos bajo el régimen de Maduro, y subrayó la necesidad de visibilizar sus nombres y rostros, más allá de las estadísticas.
Condenas, silencios y ambigüedades diplomáticas
Tras la presentación de la CIDH, varios países manifestaron su posición. Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Guatemala y Ecuador condenaron duramente la situación en Venezuela, coincidiendo en la necesidad de presión internacional para exigir transparencia electoral y el fin de la represión.
Por el contrario, México, Colombia y Bolivia optaron por el silencio, evitando cualquier declaración, mientras que la representante de Brasil, en línea con el gobierno de Lula da Silva, apeló al principio de no injerencia en asuntos internos, evitando criticar directamente al régimen de Maduro.
Resumen: La OEA, a través de una actualización presentada por la CIDH, confirmó que el régimen de Nicolás Maduro oculta los verdaderos resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, y mantiene una represión sistemática para sostenerse en el poder. El documento detalla asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, mientras países como Argentina, Estados Unidos y Canadá condenaron al régimen, contrastando con el silencio diplomático de México, Colombia, Bolivia y la cautela de Brasil.
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