De acuerdo a un reportaje pubicado en el sitio web El Líbero, el Partido Comunista de Chile (PC) ha sostenido históricamente un discurso centrado en la justicia social y el derecho al trabajo digno. Sin embargo, una revisión realizada por El Líbero mediante fuentes abiertas revela una preocupante contradicción: entre 2011 y 2025, el PC y sus entidades relacionadas —como el diario El Siglo y la radio Nuevo Mundo— acumulan un total de 330 deudas previsionales con sus trabajadores.
Las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo indican que estas deudas incluyen no sólo impagos al sistema de pensiones, sino también a seguros de cesantía, invalidez y sobrevivencia. El medio radial Nuevo Mundo, señalado como bastión comunicacional del partido, concentra 203 morosidades registradas entre 2019 y 2025, de las cuales 144 se encuentran en etapa prejudicial de cobro y 59 han llegado a tribunales laborales.
Por su parte, El Siglo, medio oficial del partido, registra 101 deudas previsionales en distintos años, con 22 casos judicializados. En tanto, el propio Partido Comunista mantiene 26 morosidades entre enero de 2024 y febrero de 2025, afectando a 11 trabajadores, incluyendo a su secretaria general, Bárbara Figueroa, integrante del comando presidencial de Jeannette Jara.
Una figura clave en la administración financiera del PC es Pablo Monje Reyes (foto portada), miembro del Comité Central, director del think tank ICAL, y responsable de las finanzas de la campaña presidencial de Jenatte Jara. Monje también controla la empresa Inversiones Siglo XXI SpA, sucesora de Editorial Siglo XXI, propietaria del diario El Siglo. Según el Diario Oficial, la representación legal de esta sociedad recae exclusivamente en él.
El historial de Monje incluye vínculos con la Universidad ARCIS, la inmobiliaria Libertad y transacciones de propiedades del partido. Actualmente, también maneja directamente El Siglo, medio que concentra más de un centenar de morosidades previsionales.
Jeannette Jara y la “mano dura” contra los deudores previsionales
En contraste con la situación interna del partido, Jeannette Jara —exministra del Trabajo y actual candidata presidencial del PC— ha sido enfática en la defensa del derecho a la previsión social. En mayo de 2023, durante las negociaciones por el salario mínimo, descartó condonar deudas previsionales a las pymes: “Son parte del patrimonio de los trabajadores”. También criticó públicamente a clubes de fútbol femenino que no pagaban cotizaciones, escribiendo en X: “¡Se pasan!”.
Durante la tramitación de la reforma previsional, aprobada en febrero de 2025, Jara apuntó directamente a los empleadores: “No quieren ponerse con la cotización previsional. Creen que el país tiene que seguir solamente con los trabajadores ahorrando. Eso no puede ser así”.
La reforma que impulsó Jara estableció el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), centralizando la recaudación en la Tesorería General de la República. En este modelo, la TGR se encarga de los cobros prejudiciales, como en el caso del PC, mientras que los cobros judiciales se asignan por licitación pública.
Deudas previsionales impagas y no declaradas
Según datos de la AFC y las AFP, el Partido Comunista no sólo no ha pagado las cotizaciones, sino que tampoco ha realizado declaraciones de no pago (DNP) ni ha registrado movimientos que justifiquen la omisión (licencias, permisos, etc.). Tampoco utilizó el mecanismo de Declaración y No Pago Automática (DNPA), una herramienta legal que permitiría regularizar la situación posteriormente.
Esto contrasta con los principios consignados en el XXVII Congreso Nacional del PC (enero de 2025), donde se sostiene que “el sujeto principal del cambio sigue siendo las trabajadoras y los trabajadores”, alertando sobre fenómenos como la precarización, subcontratación y autoexplotación.
Bárbara Figueroa y los 10 militantes del PC a quienes no se les pagaron cotizaciones
Entre los 11 trabajadores afectados por estas deudas se encuentran figuras con alto perfil político, como Bárbara Figueroa, secretaria general del partido. Paradójicamente, ella y su pareja, Guillermo Salinas —tesorero de la CUT—, fueron denunciados por no pagar las cotizaciones previsionales a su asesora del hogar.
Otros militantes involucrados son Álvaro Palma Núñez (miembro del Comité Central), Catalina Lufín (presidenta de las JJCC), Nelly Carrasco (productora general de Nuevo Mundo), Dalivor Eterovic (presidente regional del PC en Magallanes), entre otros.
Según un reportaje de Ciper, Álvaro Palma habría adquirido ocho propiedades del partido en La Cisterna a través de una corredora que prestaba servicios al PC. Carrasco, por su parte, fue indemnizada en mayo de 2024 con $80 millones por torturas sufridas durante la dictadura.
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