La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció una operación sin precedentes: la incautación de activos valorados en más de 700 millones de dólares pertenecientes al dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien definió como el “cabecilla de una sociedad criminal” instalada en Venezuela.
En declaraciones a la cadena Fox News, Bondi afirmó que se trata de la mayor confiscación de bienes realizada hasta ahora contra el régimen chavista. Los bienes incautados forman parte de un amplio operativo judicial y financiero liderado por autoridades estadounidenses.
“Esto es crimen organizado, no es diferente de la mafia. Y los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado, pero su régimen de terror continúa”, declaró la fiscal.
Bienes confiscados: lujo y corrupción
Bondi detalló que la lista de activos incluye:
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Dos jets multimillonarios
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Varias casas en Estados Unidos
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Una mansión en República Dominicana
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Propiedades en Florida
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Una granja de caballos
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Nueve vehículos de lujo
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Millones de dólares en joyas y efectivo
Estos bienes, según la funcionaria, fueron adquiridos gracias a redes de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero asociadas al régimen venezolano.
Recompensa histórica por Maduro
La fiscal general también confirmó el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. El monto fue elevado a 50 millones de dólares, siendo ahora “la más alta de la historia”, duplicando los 25 millones previamente ofrecidos.
“Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, aseguró Bondi, señalando su relación directa con el Cártel de los Soles, al que acusó de introducir “drogas letales y violencia” en Estados Unidos a través de sus conexiones en Latinoamérica.
Operación militar autorizada contra carteles vinculados al chavismo
Horas después del anuncio judicial, el presidente Donald Trump firmó una directiva que autoriza el uso de fuerza militar contra organizaciones narcotraficantes latinoamericanas que hayan sido designadas como grupos terroristas.
Esta decisión incluye al Cártel de los Soles, una organización que, según Washington, está íntimamente relacionada con Maduro, así como con Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
El secretario de Estado Marco Rubio explicó que esta designación permite a Estados Unidos tratar a estos grupos como amenazas a la seguridad nacional, y no solo como estructuras delictivas comunes.
“El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Es una organización criminal”, sentenció Rubio. “Estos cárteles tienen una estructura armada comparable a grupos terroristas”.
Reacción del régimen venezolano
Desde Caracas, el dictador Nicolás Maduro anunció una “ofensiva especial” de seguridad en los 24 estados del país, incluyendo la capital, con la integración de fuerzas militares, policiales y comunales.
“Estamos ampliando los cuadrantes de paz y consolidando la fusión popular-militar en el terreno”, afirmó Maduro durante un acto oficial.
El canciller del régimen, Yván Gil, calificó las medidas de Washington como una “grave amenaza militar”. En una reunión con el cuerpo diplomático en Caracas, denunció que Estados Unidos pretende usar el combate al narcotráfico como “pretexto para convertir a Latinoamérica en un nuevo escenario de guerra colonial”.
Gil rechazó la recompensa como una “burda operación de propaganda política” y acusó a la Casa Blanca de promover “actos terroristas junto a la derecha fascista venezolana”.
“La dignidad de nuestra patria no está en venta”, sentenció el canciller, afirmando que el régimen sigue “desmontando tramas terroristas” que, asegura, se organizan desde territorio estadounidense.
Tren de Aragua también fue catalogado como grupo terrorista
En febrero pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó al Tren de Aragua, una poderosa organización criminal venezolana, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, junto a la MS-13 y varios cárteles mexicanos.
Esta designación forma parte de una estrategia amplia de presión judicial, diplomática y financiera contra el régimen de Maduro y sus redes internacionales, con el objetivo de aislar al dictador venezolano y desmantelar las estructuras que, según Washington, sostienen su poder.
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