Pese al discurso del Gobierno respecto a una supuesta reducción en la informalidad laboral, las cifras administrativas muestran una realidad preocupante: la informalidad afecta actualmente al 37,7% de los trabajadores en Chile, según datos actualizados a mayo de 2025 por la Superintendencia de Pensiones (SP).
Este porcentaje representa un alza cercana al 38%, y refleja una situación de estancamiento en niveles elevados, más allá de la recuperación del empleo tras la pandemia. El dato se obtiene a partir del cruce de información entre ocupación total en la economía y el registro de cotizantes activos en los sistemas de pensiones, lo que permite estimar cuántos trabajadores, aunque están ocupados, no realizan cotizaciones previsionales formales.
Expertos advierten sobre tendencia estructural de informalidad
Diversos analistas y economistas alertan que esta alta tasa de informalidad no es un fenómeno puntual, sino una tendencia persistente que afecta la calidad del empleo y compromete el sistema de seguridad social en el largo plazo.
«No solo se trata de un problema de evasión previsional, sino de empleo precario, sin acceso a salud, licencias médicas, ni ahorro para la vejez», señaló un experto del Observatorio del Trabajo. Agregó que el nivel actual se mantiene estancado respecto a los últimos trimestres y que las políticas públicas han sido insuficientes para revertirlo.
Gobierno insiste en mejora, pero cifras muestran lo contrario
Desde el Ejecutivo se ha planteado en distintas instancias que la informalidad habría disminuido, especialmente a partir de encuestas como la ENE del INE, que utiliza una metodología distinta a la de la SP. Sin embargo, los registros administrativos ofrecen una mirada más concreta y vinculada directamente a la cotización efectiva en el sistema de pensiones.
La diferencia de enfoque ha generado críticas desde sectores técnicos, quienes piden mayor claridad y coherencia en los diagnósticos oficiales.
Impacto social y fiscal de la informalidad
El aumento de la informalidad tiene implicancias directas no solo en la precariedad laboral, sino también en la sostenibilidad del sistema previsional y en la recaudación fiscal. Con casi 4 de cada 10 trabajadores sin cotizar, el país enfrenta un desafío estructural para avanzar hacia un mercado laboral más justo y con mejores garantías sociales.
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