El recién asumido ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tendrá 39 días para finalizar el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, considerado por economistas y parlamentarios como su principal desafío al mando de las finanzas públicas.
Este erario fiscal tendrá una particularidad: no será ejecutado por la actual administración, sino por el próximo gobierno que asuma en marzo de 2026.
Un escenario fiscal estrecho
El contexto en que asume Grau no es fácil. Bajo la gestión del saliente Mario Marcel se logró cierta estabilización de las cuentas públicas, reduciendo el déficit provocado por la pandemia, pero no se cumplió la ruta fiscal proyectada en 2022.
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El déficit estructural esperado para 2023 era de 1,9% del PIB, pero finalmente alcanzó 3,3%.
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El decreto fiscal debió modificarse este año, ajustando la meta de 2025 desde -1,1% del PIB a -1,6%, aunque las últimas proyecciones ya sitúan esa cifra en -1,8%.
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Los ingresos fiscales han mostrado señales de debilidad: crecieron 4,3% en el primer semestre, pero para cumplir la proyección oficial deberían aumentar más de 11% en la segunda mitad del año, algo que economistas consideran muy difícil.
En ese contexto, el Presupuesto 2026 deberá ser más ajustado que el de 2025 para cumplir con las metas de balance estructural.
Ventajas y desventajas de Grau
Con la llegada de Grau, Hacienda pasa a estar controlada directamente por el Frente Amplio, ya que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, también milita en el partido del Presidente Boric. Ambos trabajaron juntos en la elaboración del programa de gobierno, lo que supone una ventaja en coordinación política.
No obstante, expertos advierten de la inexperiencia de Grau en macroeconomía y temas fiscales, lo que podría complicar la negociación política y técnica del erario.
El calendario del Presupuesto
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El proyecto debe ingresar al Congreso a más tardar el 30 de septiembre.
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El 29 de agosto Hacienda y la Dipres publicarán las proyecciones de PIB tendencial (entre 2,2% y 2,4%) y precio del cobre (en torno a US$4 por libra), variables claves para definir el gasto público.
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Según Marcel, el trabajo técnico ya está avanzado; ahora corresponde la etapa más política: negociar prioridades y enfrentar presiones de distintos sectores.
La visión de los expertos
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Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos: “El Presupuesto 2026 debe caer respecto al 2025 para cumplir la meta de balance estructural”.
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Macarena García, economista de LyD: “El desafío está en ajustar prioridades y evitar sobrestimar ingresos”.
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Cristina Torres, exDipres: “Los lineamientos ya están definidos, pero lo relevante será cuáles prioridades planteará Hacienda al Presidente”.
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Juan Ortiz, OCEC-UDP: “El gran reto de Grau será su capacidad de negociación política, tanto con ministerios sectoriales como con el Parlamento”.
El debate político
En la oposición, la exigencia apunta a recortar gastos innecesarios y evitar compromisos fiscales que amarren al próximo gobierno. Parlamentarios como Miguel Mellado, Felipe Donoso, Agustín Romero y Frank Sauerbaum enfatizan en ajustes en seguridad, eficiencia del gasto y proyecciones realistas de ingresos.
En el oficialismo, diputados como Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) defienden prioridades en vivienda, salud, educación y seguridad, además de inversión en transporte público regional.
Fondo de libre disposición: la “glosa republicana”
Dado que este presupuesto será ejecutado por otra administración, se debe reservar un fondo de libre disposición para el nuevo gobierno.
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En 2022, ese monto alcanzó US$800 millones.
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La oposición espera que se mantenga en el Presupuesto 2026, aunque advierte que no debe usarse como excusa para mayor gasto fiscal.
En conclusión, el ministro Nicolás Grau deberá demostrar rápidamente su capacidad técnica y política para sacar adelante un Presupuesto 2026 realista, ajustado y consensuado, en un escenario fiscal complejo y con fuertes presiones desde el Congreso.
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