El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió por unanimidad alzar la suspensión que había decretado en la tramitación de la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
La suspensión había sido adoptada anteriormente a solicitud de la defensa del gobernador, mientras se analizaba la posibilidad de trasladar el caso a Santiago, argumentando la incompetencia territorial de los tribunales de Antofagasta.
Sin embargo, el proceso fue reactivado luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta certificara que, en una próxima audiencia, resolverá sobre su eventual incompetencia para conocer la causa penal, la cual indaga los convenios suscritos entre la fundación ProCultura y diversos gobiernos regionales del país.
En su resolución, la Corte de Apelaciones señala que: “Habiendo desaparecido la causa que motivó la suspensión del procedimiento de desafuero y remitido por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, la información previa necesaria para el pronunciamiento conforme a derecho por parte de este Tribunal Pleno, álcese la suspensión del procedimiento decretada”.
Asimismo, el tribunal advierte que: “En esta etapa procesal, y encontrándose disputada, a requerimiento del propio incidentista, la competencia del tribunal del grado, este Tribunal Pleno no puede emitir pronunciamiento de la incidencia cuya pretensión precisamente es determinar la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del procedimiento de desafuero”.
Finalmente, el fallo subraya que: “Careciendo el pleno de esta Corte de Apelaciones de la competencia directa para pronunciarse de la excepción de incompetencia promovida, y habiéndose ya ocurrido ante quien corresponde para su debida resolución, se omite pronunciamiento, sin perjuicio de la competencia de este Tribunal de Alzada para conocer de los recursos que se deduzcan respecto de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía resolviendo el mentado incidente”.
Con esta decisión, el proceso de desafuero contra Claudio Orrego queda nuevamente en curso, en medio de la indagatoria sobre los eventuales delitos vinculados a los convenios públicos con la fundación ProCultura.
/psg
