La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró este miércoles el fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones medioambientales contra el proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron.
A través de una declaración pública, Jiménez afirmó que la resolución del máximo tribunal del país representa “una clara confirmación de que el proyecto minero-portuario Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias ambientales para su construcción y operación”.
Inversión clave tras 12 años de judicialización
La líder gremial destacó que esta decisión judicial es un hito relevante tras más de una década de controversias legales, y enfatizó los beneficios económicos y sociales que Dominga podría traer a la comuna de La Higuera y a la Región de Coquimbo: “Tras esta potente señal de la justicia y tras 12 años de trámites y judicialización, se da un paso fundamental en el camino para que se concrete la inversión de US$2.500 millones y la creación de unos 30 mil puestos de trabajo, en una zona que se caracteriza por sus elevados índices de pobreza”, sostuvo.
Llamado a decisiones basadas en criterios técnicos
Pese al fallo de la Corte Suprema, el proyecto aún enfrenta reclamaciones pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, lo que indica que la judicialización del caso no ha concluido. Sin embargo, desde la CPC esperan que las siguientes instancias se desarrollen con criterios objetivos y apegados a derecho: “Por el bien de los habitantes de la comunidad de La Higuera, de la Región de Coquimbo y del país en general, resulta clave que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con criterio técnico, por sobre cualquier consideración política”, remarcó Jiménez.
Crítica al sistema de evaluación ambiental
Finalmente, la presidenta del gremio empresarial cuestionó la excesiva duración y complejidad del proceso que ha enfrentado el proyecto Dominga, y lo utilizó como ejemplo para reiterar la necesidad de una reforma al sistema de evaluación ambiental en Chile:
“El largo y engorroso proceso que ha debido enfrentar Dominga es una clara demostración de la urgente necesidad de contar en nuestro país con un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define puedan desarrollarse sin trabas”, concluyó.
Aunque el futuro del proyecto Dominga sigue sin estar completamente definido, el fallo de la Suprema fue interpretado por el gran empresariado como una señal de que, si se cumplen las normas, los proyectos pueden avanzar, incluso en un contexto de alta controversia ambiental y política.
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