El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de sanciones económicas y migratorias contra la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del juez del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
La decisión del Departamento del Tesoro estadounidense se produce apenas unos meses después de que el propio magistrado De Moraes fuera incluido en la lista negra de sancionados, bajo el argumento de que estaría liderando una supuesta persecución política contra líderes de la oposición brasileña. Según Washington, esta medida responde a represalias por su papel central en el juicio contra Bolsonaro.
Además de Viviane Barci, las sanciones alcanzan al Lex Instituto de Estudios Jurídicos, un despacho jurídico con sede en São Paulo vinculado directamente al magistrado, y del cual su esposa figura como socia principal.
Con estas sanciones, tanto De Moraes como su esposa ven bloqueados todos sus activos y bienes en territorio estadounidense, además de quedar prohibida su entrada a Estados Unidos y vetadas todas las transacciones financieras con ciudadanos o empresas de ese país.
Tensión diplomática y advertencia de Lula
El juicio contra Jair Bolsonaro ha provocado una fuerte reacción en Washington, donde el Gobierno del presidente Donald Trump incluso ha amenazado con imponer aranceles al comercio bilateral con Brasil, como medida de presión contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En respuesta, Lula defendió con firmeza la soberanía brasileña. “Brasil no aceptará ningún tipo de presión ni chantaje”, afirmó, dejando claro que su administración no permitirá que potencias extranjeras condicionen las decisiones internas del país.
Según reportó la BBC, Lula acusó a la administración estadounidense de estar cometiendo errores graves en materia de comercio internacional que “perjudicarán a la economía estadounidense y al bolsillo de su propia población”.
Asimismo, criticó la interlocución preferencial que Washington mantuvo con Bolsonaro durante sus años en el poder: “Su relación es con Bolsonaro, no con Brasil”, sentenció.
Aunque dejó abierta la posibilidad de un encuentro bilateral durante la próxima Asamblea General de la ONU, Lula advirtió que cualquier diálogo se dará en el marco del respeto institucional y la autodeterminación de los pueblos. En esa línea, enfatizó: “Trump es presidente de Estados Unidos, no una autoridad con mandato global”.
Acusaciones y condena a Bolsonaro
En junio de este año, la administración Trump justificó la inclusión del juez Alexandre de Moraes en la lista de sancionados, acusándolo de encabezar una “caza de brujas” contra figuras de la derecha brasileña, y señalándolo como responsable de violaciones a los Derechos Humanos.
El proceso judicial concluyó con una sentencia dictada por cinco jueces del STF, que votaron por mayoría de 4 a 1 para condenar a Bolsonaro. El exmandatario fue encontrado culpable de liderar una organización criminal armada con el objetivo de permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.
Con este fallo, Bolsonaro no podrá apelar la sentencia ante el pleno del Tribunal Supremo Federal, cerrando así una de las vías legales más importantes para revertir su condena.
La crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos se intensifica en un contexto global marcado por tensiones políticas, acusaciones cruzadas y una redefinición del equilibrio de poder en América Latina. La decisión de Washington de sancionar al núcleo más cercano del juez que condenó a Bolsonaro, plantea un nuevo desafío para las relaciones bilaterales y abre un incierto capítulo en la política regional.
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