La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe alarmante que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. La presentación oficial del informe comenzó a las 11:30, hora local de Ginebra, y abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El objetivo es mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, continúan en el país caribeño.
Patrones de represión sistemática
El documento subraya que la represión posterior a los comicios representa la continuación de un plan orientado a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tales. Entre los hallazgos más graves, se destaca que más de 220 menores fueron detenidos entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, incluidos 187 niños y 22 niñas, todos ellos con edades entre 12 y 17 años. Además, el informe documenta 30 casos de desapariciones forzadas, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta de este delito.
Muertes y abusos bajo custodia
En el marco de las protestas poselectorales, se registraron 25 muertes durante el periodo postelectoral, sin evidencia que vincule estos decesos con las principales figuras de la oposición o sus organizaciones. Cinco muertes bajo custodia y tres fallecimientos por negligencia estatal y la falta de atención médica oportuna también fueron documentados. Entre las víctimas figuran Isaías Fuenmayor, de 15 años, y Ángel Mora, de 17 años, quienes perdieron la vida en el contexto de las manifestaciones.
Violencia sexual y represión contra los periodistas
El informe dedica un apartado específico a la violencia sexual y de género, con 22 casos documentados en seis estados del país. Las víctimas, tanto mujeres como hombres, sufrieron abusos sexuales en el contexto de detenciones y represión postelectoral. Los patrones de violencia incluyen sexo transaccional coercitivo, esclavitud sexual y descargas eléctricas en genitales, entre otros.
En cuanto a la represión a la prensa, la Misión documentó 18 detenciones arbitrarias de periodistas entre agosto de 2024 y agosto de 2025, todas sin órdenes de captura y en ausencia de flagrancia. Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de periodistas, lo que representa un incremento alarmante del 254% en comparación con los 28 casos registrados en 2023.
Además, el informe detalla 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra trabajadores de los medios. A pesar de esto, al cierre del informe, 11 periodistas (10 hombres y una mujer) seguían detenidos por ejercer su labor, y otros tres se encontraban privados de libertad por su activismo político y opiniones.
Contexto postelectoral: represión exacerbada
El contexto en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024 ha sido descrito como uno de represión exacerbada, con una creciente criminalización de la expresión digital y una restricción del espacio cívico. La Misión alerta sobre la continuidad de un plan sistemático para silenciar a la oposición y a quienes se perciban como disidentes. Este plan afecta de manera particular a menores de edad y manifestantes.
Reacción internacional
En respuesta a la presentación del informe, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó a la comunidad internacional a prestar atención a la situación y a implementar acciones concretas para frenar los crímenes documentados. Según González Urrutia, la comunidad internacional debe actuar para presionar al gobierno venezolano a cesar con las violaciones a los derechos humanos y garantizar el respeto a las libertades fundamentales de los ciudadanos.
La presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU marca un momento crucial para la comunidad internacional en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, proporcionando evidencia detallada sobre la persistencia de violaciones sistemáticas en el país y reforzando la necesidad de una respuesta global más contundente.
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