Los abogados del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentaron este martes una solicitud formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se revoquen tanto su prisión domiciliaria como las medidas cautelares impuestas en la causa por intento de obstrucción a la Justicia.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto, fecha en la que también fue diagnosticado con cáncer de piel en fase inicial. La defensa del ex mandatario sostiene que, al no haber sido formalmente acusado por el Ministerio Público, no hay justificación legal para mantener las restricciones actuales.

Medidas cautelares impuestas

Entre las medidas vigentes se incluyen:

  • Uso obligatorio de tobillera electrónica

  • Prohibición de uso de redes sociales

  • Prohibición de acercarse a embajadas

  • Obligación de permanecer en su domicilio por las noches y fines de semana

“Como el ex mandatario no fue acusado por el Ministerio Público, se elimina la necesidad de cualquier medida cautelar”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno en sus redes sociales.

“Sin acción penal, las medidas cautelares se convertirán en un fin en sí mismas y no habrá forma de mantenerlas legalmente”, añadió.

Causa por presión internacional a favor de Bolsonaro

La investigación se originó por las denuncias contra Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, quien habría buscado que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones contra Brasil con el objetivo de presionar a favor de su padre. Este expediente se considera un capítulo separado del juicio principal que resultó en la condena de Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, por intentar encabezar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

Hasta el momento, la Policía Federal presentó cargos contra Bolsonaro en esta causa, pero la Fiscalía General solo ha formalizado acusaciones penales contra Eduardo Bolsonaro y el bloguero Paulo Figueiredo.

Fiscalía acusa a Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo de coacción a la Justicia

El lunes pasado, la Fiscalía de Brasil presentó ante el STF una denuncia penal contra Eduardo Bolsonaro por coacción a la Justicia. También fue denunciado Paulo Figueiredo, periodista y nieto del general retirado João Figueiredo, último presidente del régimen militar brasileño.

Ambos son acusados de participar en una estrategia para presionar al sistema judicial brasileño mediante el respaldo de gobiernos extranjeros, en un intento por alterar el curso del juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro.

Según el fiscal general Paulo Gonet, “los acusados incurrieron en el crimen de coacción a la Justicia, que consiste en el uso de violencia o grave amenaza para favorecer interés propio o de terceros contra la autoridad, parte o cualquier persona llamada a intervenir en un proceso judicial”.

Las autoridades detallaron que las gestiones internacionales encabezadas por Eduardo Bolsonaro tenían como objetivo incidir directamente en el desenlace judicial de su padre.

Crisis política y riesgo de pérdida de mandato para Eduardo Bolsonaro

En un hecho político de gran impacto, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, rechazó este martes la designación de Eduardo Bolsonaro como líder de la minoría parlamentaria, lo cual podría derivar en la pérdida de su escaño legislativo.

Motta argumentó que la ausencia física del legislador le impide ejercer adecuadamente las funciones del cargo, abriendo la puerta a posibles sanciones disciplinarias por acumulación de faltas no justificadas.

Cabe recordar que Eduardo Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos en marzo, supuestamente con el propósito de persuadir al gobierno estadounidense para que impusiera sanciones a Brasil, como parte de la estrategia del Partido Liberal para mantenerlo al frente de la bancada y así evitar el control de asistencia obligatorio en el Congreso.

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