El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó para la mañana de este miércoles un pleno extraordinario del máximo tribunal con el fin de informar a los ministros sobre amenazas en su contra, actualmente investigadas por el Ministerio Público.
La información fue confirmada por la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, quien detalló que la investigación es de carácter reservado y que, por decisión del pleno, no se han solicitado antecedentes al Ministerio Público.
“El señor presidente convocó a un pleno extraordinario con el objeto de poner en conocimiento de todos los ministros de esta situación. Hay una investigación reservada que se está llevando por el Ministerio Público, de la cual no tenemos ninguna información, no hemos preguntado nada”, explicó Melo.
Según indicó la vocera, el objetivo de la reunión fue socializar la situación, compartir antecedentes y dar cuenta de las medidas de seguridad que actualmente protegen al presidente del máximo tribunal.
“Y, por supuesto, nosotros conversamos del tema, pero no hemos adoptado ningún acuerdo ni nada más, sino que solamente tomar conocimiento”, precisó la ministra.
Preocupación institucional ante amenazas a una alta autoridad del Estado
Melo expresó que existe una preocupación natural dentro del Poder Judicial ante este tipo de situaciones, considerando que Ricardo Blanco es la tercera autoridad del país, luego del Presidente de la República y el Presidente del Senado.
“Nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano. Por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse, no solamente nosotros, sino que toda la ciudadanía, entiendo yo”, afirmó la vocera.
“No podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente, y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene”, añadió.
Gobierno reconoce denuncia, pero advierte sobre falta de evidencia objetiva
En paralelo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó el caso desde la Región de Tarapacá, señalando que “era conveniente para la tranquilidad pública entregar algunos antecedentes”.
“Hace algunas semanas un tercero habría informado a través de un ministro de Corte que existía probablemente un plan que atentaría contra altas autoridades públicas. Esa información fue recepcionada por quien les habla, como ministro de Seguridad, se coordinó con las policías y esa información, en consecuencia, dada sus características, se denunció al Ministerio Público”, explicó.
Cordero confirmó que se han adoptado medidas preventivas, entre ellas, el refuerzo de la seguridad del presidente de la Corte Suprema y de otras autoridades eventualmente involucradas.
Sin embargo, fue enfático en señalar que, hasta ahora, no existe ningún antecedente objetivo que confirme la existencia real de una amenaza.
“Lo que sí hay es de un tercero que aparentemente dispone de una información que se ha negado a entregarle a las policías. Y yo quiero advertir públicamente: quien disperse rumores sobre la afectación a autoridades siendo falsa, comete delito. Y quien por esa vía quiere provocar conmoción pública y desestabilización de las instituciones, afecta seriamente el funcionamiento del sistema democrático”, advirtió el ministro.
Investigación en curso y advertencia ante desinformación
Según Cordero, la información inicial corresponde a una persona que comunicó a otra la existencia de un supuesto plan criminal con una lista de autoridades como objetivo. Sin embargo, esta persona se ha negado a declarar y a entregar los antecedentes que sostendrían su afirmación.
“Toda la otra información policial e inteligencia que dispone el Estado de Chile sobre este punto señala que esa información no es cierta”, subrayó el secretario de Estado.
A pesar de ello, el gobierno ha debido tomar acciones preventivas por protocolo:
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Poner en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes disponibles.
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Reforzar la seguridad de las autoridades involucradas.
“Como se ha hecho una denuncia que hemos debido hacer nosotros y poner en movimiento el sistema de enjuiciamiento criminal, hemos tenido que adoptar dos cosas: la primera, informar al Ministerio Público para que lleve a cabo su investigación y la segunda, reforzar las medidas de seguridad de las autoridades”, concluyó Cordero.
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