El respaldo unánime manifestado este martes en el Enade mediante una ovación de pie no fue solo un gesto de cortesía, sino la ratificación pública de un fenómeno institucional: la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha consolidado un liderazgo técnico y ciudadano a pocos meses de su ratificación en el Senado. Su presentación, una amalgama de rigor técnico, lenguaje coloquial y astutas pinceladas de humor, delineó con precisión los pilares de su gestión: la reafirmación de la autonomía constitucional del organismo y una ofensiva estratégica por la transparencia, materializada en informes de alto impacto que, mediante el cruce de bases de datos públicas, exponen y disuaden abusos y corruptelas.
“La contraloría no depende de ningún gobierno, ni de éste, ni del anterior, ni del que seguirá”, declaró al inicio de su alocución, estableciendo el principio rector de su administración. “La contraloría trabaja para todos los chilenos y chilenas, y controla el buen uso de los recursos públicos; ése es su rol”. Esta afirmación de independencia opera como el sustrato ideológico de una gestión que ha buscado reposicionar a la institución como un árbitro técnico e incuestionable del Estado. La percepción de su éxito es compartida en el mundo privado. “El gran mérito que tiene la contralora es que logró mostrarle a todos, al gobierno, a los privados, a los empresarios, que tenemos leyes y que lo que estamos haciendo es no cumplirlas”, analizó el presidente de Sonda, Jorge Orlandini. “La contralora es una rockstar”.
Uno de los momentos más aplaudidos surgió de su crítica a la “permisología”, un concepto que encapsula la burocracia asfixiante. Al revelar que se detectaron 704 permisos de obras públicas sin respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales y retrasos de hasta 878 días, Pérez articuló una crítica que trasciende lo administrativo: “Yo aquí hago un llamado a la función pública… para que nosotros, cuando estemos revisando un trámite, pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleos, hay desarrollo económico”. Complementariamente, exigió a los privados presentar “bien los expedientes”, equilibrando así las responsabilidades.
De la relegación al liderazgo: Una trayectoria de resistencia
La solidez actual de su posición contrasta con un pasado de ostracismo interno. Tras asumir en 2016 como jefa de gabinete del entonces contralor Jorge Bermúdez, y luego como subcontralora, su carrera enfrentó un quiebre en 2018. Bermúdez le solicitó la renuncia por pérdida de confianza luego de que Pérez fuera citada a declarar como testigo en la investigación por el fraude en Carabineros —habiendo sido subjefa de la división de auditoría con injerencia indirecta en la institución y estando casada con un carabinero—. Pérez impugnó el hecho mediante un recurso de protección que ganó en la Corte Suprema, pero a su regreso fue relegada a jueza de cuentas, un periodo conocido dentro de la institución como su paso “por el congelador”.
Su “descongelamiento” y ascenso a la notoriedad nacional comenzó el 20 de mayo, con la publicación del noveno informe Consolidado de Información Circularizada (CIC). Este documento destapó el escándalo de los 25.078 funcionarios públicos que, entre 2023 y 2024, viajaron al extranjero pese a estar con licencia médica, hallazgo luego complementado con casos de quienes en la misma situación acudieron a casinos en Chile. Esta nueva metodología —informes sintéticos, de “fácil lectura” y “enfoque ciudadano”, como ella misma los describió— se convirtió en su sello. Según quienes la conocen, estas iniciativas ya eran una idea en gestación durante su época como subcontralora. A esto se sumaron informes críticos sobre asignaciones directas a fundaciones, que alimentaron las pesquisas del Caso Convenios, y su rol en la investigación de los gastos reservados del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.
El efecto dominó de la transparencia: Disuasión y consecuencias
En su exposición, Pérez cuantificó el éxito de su estrategia mediante un “efecto dominó” con dos componentes claros. El primero, un efecto disuasivo tangible: a agosto de este año, la emisión de licencias médicas por trastornos mentales había caído un 32,4%, como consecuencia directa de la fiscalización. El segundo, un efecto catalizador en otras instituciones. Puso como ejemplo a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), cuyo organismo, tras el “empuje” del hallazgo de Contraloría, “profundizó su rol de control” y detectó que “80 mil licencias irregulares se pueden haber emitido en el sector privado”. Este episodio culminó con la caída en junio de su directora, Pamela Gana, cuestionada por la inactividad del organismo.
La gestión de Pérez parece demostrar que la transparencia, cuando se ejerce con astucia política y se comunica de manera efectiva, puede generar una rendición de cuentas en cascada, reconfigurando el equilibro de poder entre los órganos del Estado y restableciendo, paso a paso, la confianza ciudadana en las instituciones.
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