Los casi US$ 6,49 millones entregados hasta septiembre a los pensionados de gracia vinculados al 18-O revelan no solo el costo fiscal de una política de reparación impulsada con fines humanitarios, sino también las grietas institucionales de un proceso que mezcló víctimas reales con casos fraudulentos. La iniciativa, concebida para compensar los abusos policiales y militares cometidos durante el estallido social, se ha convertido en uno de los capítulos más controvertidos de la poscrisis.
Según información obtenida por La Tesorería General de la República vía Ley de Transparencia, 401 de los 418 beneficiarios han recibido pagos por un total de $6.200 millones (US$ 6,49 millones) desde comienzos de 2022, equivalentes a la construcción de un Centro de Salud Familiar o la compra de 216 furgones policiales de US$ 30 mil cada uno.
Del total, 270 pensiones fueron otorgadas bajo la administración del presidente Gabriel Boric, y 148 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Los casos que encendieron las alarmas
A pocos días del sexto aniversario del 18 de octubre, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó por fraude de subvenciones a Robinson Jaramillo Monje (58) y Francisco Gatica Catalán (34), ambos beneficiarios del programa.
Jaramillo Monje, quien denunció haber sido baleado en el tobillo por militares —pese a que en el lugar no había presencia del Ejército—, recibió $6.896.461 antes de que se revelara su condena previa por abuso sexual infantil. Hoy cumple prisión preventiva en Valdivia, con una caución fijada en $6 millones.
Gatica Catalán, en tanto, reconoció haber inventado el ataque policial que le permitió acceder a $7.341.227; quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en Temuco.
Un tercer caso, el de Juan Francisco Villalobos Prado (39), profundizó las críticas. A pesar de haber estado prófugo por estafa durante un año y medio y de que el INDH retiró su patrocinio, Villalobos siguió recibiendo $700 mil mensuales, acumulando más de $19 millones. Su beneficio fue otorgado durante la administración Boric, pese a que la causa judicial que lo sustentaba fue cerrada en enero.
El gobierno revocó 28 pensiones de gracia en 2024 tras detectar irregularidades. Sin embargo, la controversia persiste: ni el INDH, que presentó los casos, ni la comisión presidencial que los evaluó, revisaron antecedentes penales ni verificaron los testimonios. Ambas entidades explicaron que tales comprobaciones no eran un requisito legal.
Una promesa que se volvió dilema
En su primera Cuenta Pública, el 1 de junio de 2022, el presidente Gabriel Boric reafirmó su compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas del estallido:
“Hemos presentado una agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”, señaló. “La cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
Con ello, el mandatario profundizaba una política nacida en el gobierno de Sebastián Piñera, impulsada originalmente en 2020 por el entonces diputado Daniel Núñez (PC) durante la tramitación del Presupuesto Nacional. La continuidad de esa línea —junto con la fallida iniciativa de liberar a los llamados “presos de la revuelta” y los indultos presidenciales a 12 condenados, incluido el exfrentista Jorge Mateluna— se transformó en uno de los primeros puntos críticos de su administración, al revelarse los antecedentes penales de varios beneficiados.
Un balance complejo
El reciente informe estadístico de la Fiscalía Nacional sobre el 18-O aporta un marco más amplio: el 34,1% de los delitos asociados al estallido correspondieron a violencia institucional de agentes del Estado, mientras que los saqueos y delitos contra la propiedad representaron un 31,7%.
La cifra ilustra la magnitud de un fenómeno social y judicial que, seis años después, sigue generando divisiones sobre quiénes fueron las verdaderas víctimas y quiénes aprovecharon el caos.
En definitiva, las pensiones de gracia del 18-O encarnan un dilema que trasciende los números: ¿cómo reparar sin generar nuevas injusticias? La línea entre la reparación legítima y el abuso del Estado se ha vuelto difusa, revelando que el costo más alto no siempre se mide en millones de dólares, sino en la erosión de la confianza pública en las instituciones que deben garantizar justicia y transparencia.
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