La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció un preocupante incremento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela, atribuidas a agentes vinculados al régimen de Nicolás Maduro, quienes actúan sin notificación oficial ni acceso inmediato a abogados defensores.
Según la ONG, esta práctica ha generado una grave situación de vulnerabilidad jurídica y humana para los arrestados y sus familias, que desconocen el paradero y la situación legal de sus allegados.
Un patrón sistemático de desapariciones y opacidad estatal
En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), JEP alertó que, durante la última semana, se han documentado numerosos casos en los que las autoridades no informan sobre las circunstancias de las aprehensiones ni los lugares de reclusión.
“Se ha configurado un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, donde quienes buscan a los detenidos se encuentran sin respuestas oficiales y sin saber cómo proceder”, denunció la organización.
La ONG enfatizó que estas acciones constituyen violaciones directas a los derechos fundamentales, afectando el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad física y a la tranquilidad familiar.
“Se ha negado el acceso a abogados y representantes de confianza, profundizando un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada por la opacidad estatal”, subrayó el comunicado.
Casos recientes: periodistas y trabajadores detenidos
JEP y la organización SurGentes documentaron la detención de cuatro trabajadores audiovisuales el pasado viernes 1 de noviembre, mientras realizaban grabaciones cerca del penal de Tocorón, en el estado Aragua, como parte de un proyecto universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Los detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, quienes permanecen incomunicados. Sus familiares desconocen su paradero y las condiciones en que se encuentran.
“Este caso se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de las garantías procesales y mayor presión sobre periodistas y trabajadores de medios”, indicó la ONG.
El caso del periodista Joan Camargo agrava la preocupación
La situación se agrava con la desaparición del periodista Joan Camargo, quien fue interceptado en Caracas por individuos no identificados y forzado a subir a un vehículo, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Camargo lleva más de 84 horas desaparecido, y no se ha emitido ninguna información oficial sobre su detención o paradero. Su familia presentó un recurso de habeas corpus, el cual, conforme a la ley venezolana, debe resolverse en un máximo de 96 horas.
“Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan”, expresó el SNTP, recordando que ya son 23 los periodistas privados de libertad en Venezuela.
Tanto el SNTP como el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) denunciaron que las detenciones de comunicadores suelen ir acompañadas de allanamientos sin orden judicial, confiscación de equipos y la imposición de cargos imprecisos como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir.
El SNTP añadió que, durante el operativo contra Camargo, también resultaron afectados varios de sus familiares cercanos.
Un país con 875 presos políticos y sin garantías judiciales
El más reciente boletín de Foro Penal contabiliza 875 presos políticos en Venezuela, entre ellos opositores, activistas y ciudadanos comunes detenidos bajo acusaciones que tanto organizaciones locales como instancias internacionales califican de arbitrarias o fabricadas.
La falta de transparencia, el uso sistemático de la detención como herramienta de represión política y la negativa del régimen a permitir defensa legal o comunicación familiar han profundizado la crisis de confianza y legitimidad del sistema judicial y de seguridad en el país.
Exigencias y llamado internacional
Justicia, Encuentro y Perdón exigió al régimen de Maduro garantizar de manera inmediata y veraz la información sobre la identidad, paradero y situación judicial de todos los detenidos, además de eliminar las trabas al acceso a abogados y familiares.
La ONG recordó que tanto la Constitución venezolana como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela obligan al Estado a respetar las garantías judiciales y el derecho a la defensa.
“El silencio del Estado ante estas detenciones constituye una violación grave del derecho internacional y de los principios fundamentales de justicia y humanidad”, concluyó JEP.
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