El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ordena la publicación de los archivos federales vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019. La iniciativa, respaldada por una amplia mayoría en ambas cámaras, instruye al Departamento de Justicia a divulgar documentos, comunicaciones e informes relacionados con la investigación y con las circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan, con la excepción de información que permita identificar a víctimas o que afecte pesquisas aún abiertas.
En la Cámara de Representantes, la norma fue aprobada por 427 votos a favor y solo uno en contra, emitido por el republicano Clay Higgins, quien argumentó que la divulgación podría exponer datos de personas que nunca fueron acusadas formalmente.
En el Senado, el líder de la mayoría, John Thune, anticipó que el trámite se acelerará y que la iniciativa podría ser aprobada sin objeciones formales esta misma semana. El presidente Donald Trump, quien inicialmente había restado importancia al proyecto, anunció que firmará la ley una vez que reciba el respaldo definitivo del Congreso.
El debate legislativo estuvo marcado por la presión de sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein y por meses de negociaciones bipartidistas. El avance del proyecto se concretó tras la incorporación de la congresista Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, quien pudo jurar su cargo en septiembre y otorgó los votos necesarios para impulsar la iniciativa bajo el mecanismo de aprobación por dos tercios.
La propuesta establece plazos de hasta 30 días para que los archivos sean publicados tras la promulgación. Permite la redacción limitada de datos sensibles para proteger la identidad de víctimas o resguardar investigaciones en curso, pero prohíbe cualquier censura motivada por intereses políticos, reputacionales o de conveniencia personal.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había advertido que la medida podría generar “consecuencias no deseadas” al incluir fragmentos de investigaciones confidenciales. “Esto es un ejercicio político muy evidente”, dijo, aunque de todas formas respaldó el proyecto, señalando que “nadie quiere quedar registrado en contra de la máxima transparencia”.
Los autores de la iniciativa, Thomas Massie y Ro Khanna, llamaron al Senado a mantener intacto el alcance de la ley y advirtieron que eventuales cambios o retrasos podrían provocar una reacción adversa de la ciudadanía.
Durante la sesión, varias sobrevivientes —entre ellas Jena-Lisa Jones— estuvieron presentes en el Congreso. “Estamos exhaustas por sobrevivir al trauma y también a los vaivenes políticos que lo rodean”, expresó Jones, quien pidió que el caso no sea utilizado como arma partidaria y que la desclasificación se concrete sin demoras.
Desde el Partido Demócrata, el líder Hakeem Jeffries calificó la aprobación como “una victoria para la rendición de cuentas”, subrayando que “el pueblo estadounidense ha esperado demasiado”.
El proceso de desclasificación surge como respuesta legislativa a años de demandas sociales, judiciales y parlamentarias. Investigaciones del Congreso y del Comité de Supervisión han revelado comunicaciones y documentos que muestran la trayectoria de Epstein y sus vínculos con figuras políticas, empresariales y del ámbito internacional. Uno de los efectos más notorios del caso fue la decisión de la Casa Real británica de retirar títulos y residencia al príncipe Andrés por su relación con el financiero.
El desenlace en el Senado será seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles, medios de comunicación y la opinión pública, en un caso que continúa alimentando el debate sobre los límites de la transparencia judicial y la protección de las víctimas en procesos de alto perfil.
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