El anuncio del presidente peruano José Jeri de militarizar la frontera sur constituye un giro estratégico en la política migratoria regional, que trasciende una mera medida de seguridad interna para convertirse en un acto de geopolítica doméstica. Esta decisión, formulada «en anticipación» a una eventual ola migratoria desde Chile, revela una lectura profundamente influenciada por el discurso político chileno y proyecta a la macrozona norte como un laboratorio de securitización fronteriza.
El Contexto Político Peruano: Un Nuevo Modelo de Seguridad
Jeri, un presidente de 39 años investido por un Congreso que destituyó a Dina Boluarte, ha construido rápidamente su legitimidad en un discurso de mano dura contra la delincuencia. En solo siete semanas, su gobierno ha sido comparado con el modelo bukelista de El Salvador, una analogía que él mismo matiza pero no rechaza. Sus declaraciones al diario El Comercio son elocuentes: “Hasta que limpiemos el país será necesario vivir en estado de emergencia”. La militarización de la frontera con Chile se inscribe, por tanto, en este paradigma de excepción permanente como herramienta de gobierno, destinada a cerrar lo que él mismo describe como “coladeras” en el límite territorial.
El Factor Kast: La Psicopolítica Migratoria
La medida peruana no puede disociarse del impacto discursivo generado por el programa de gobierno del candidato presidencial chileno José Antonio Kast. Su promesa de un “Cierre fronterizo” —que incluye “barreras físicas en pasos críticos” y la tipificación del delito de inmigración irregular— parece estar operando como un profecía autocumplida. El propio Kast interpretó la acción de Jeri como una validación de su postura, argumentando que los migrantes estarían abandonando Chile “con buen sentido” ante sus futuras políticas. Este fenómeno sugiere que la retórica restrictiva puede, por sí sola, alterar los flujos migratorios y las políticas de estados vecinos, creando un efecto dominó securitario aún antes de su implementación formal.
La Crisis Operativa: El Colapso de los Mecanismos de Reconducción
El escenario se complejiza al examinar la frágil arquitectura legal y diplomática que sustenta las deportaciones. La resolución de abril de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, que buscó establecer un nuevo protocolo para la reconducción de extranjeros, choca con la cruda realidad geopolítica: la negativa de Bolivia, bajo el gobierno de Luis Arce, a recibir migrantes de terceros países. El antecedente de 3.351 venezolanos interceptados y bloqueados en la frontera en 2022 expone la impracticabilidad de cualquier medida unilateral. La militarización peruana, en este contexto, arriesga generar un efecto embudo, aglomerando en ciudades como Arica a una población migrante irregular atrapada entre dos fronteras militarizadas y sin vías de retorno efectivas.
Una Tormenta Perfecta en Ciernes
La convergencia de estos factores es alarmante:
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Un gobierno peruano que institucionaliza el estado de excepción.
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Un discurso político en Chile que promueve el cierre fronterizo como solución.
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Un panorama regional debilitado por la crisis venezolana y la amenaza de nuevas oleadas.
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Mecanismos bilaterales de repatriación colapsados, como lo demuestra el caso boliviano.
La petición del gobernador de Arica, Diego Paco (RN), de reforzar la frontera chilena es un síntoma más de la presión local ante este escenario. La región se enfrenta a un dilema humanitario y de seguridad de proporciones, donde las decisiones unilaterales de un estado reverberan inmediatamente en el otro, configurando una crisis binacional que excede la capacidad de una respuesta puramente nacional.
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