El debate del Presupuesto 2026 entró esta semana en su fase decisiva, revelando no solo diferencias programáticas entre gobierno y oposición, sino también las tensiones estructurales que marcan el ciclo político chileno. Luego de que el Senado repusiera todas las partidas previamente rechazadas y ajustara otras, la Cámara de Diputados volvió a tensionar el cuadro: envió 14 ítems a Comisión Mixta y, en un gesto políticamente significativo, dejó sin recursos dos programas emblemáticos del Ejecutivo.
El primer recorte recayó sobre el programa de identidad de género, partida que ya venía rechazada desde el Senado y cuyo destino la Cámara volvió a sellar. Igual suerte corrió la asignación para la Fundación Salvador Allende, sitio de memoria relevante dentro de la política estatal de derechos humanos. Ambos casos exhiben una línea de continuidad en la resistencia parlamentaria a financiar iniciativas asociadas a memoria, identidades y políticas culturales sensibles.
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anticipó que el Ejecutivo intentará reponer los recursos en Comisión Mixta, aunque advirtió la dificultad del proceso, dado que requerirá mayorías políticas que no están garantizadas. A esta lista de partidas en riesgo se suma el Pase Cultural, otro ítem rechazado transversalmente en ambas cámaras.
La Comisión Mixta, además, revisará asignaciones para Seguridad, el Congreso Nacional, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y diversos sitios de memoria —Casa José Domingo Cañas, Corporación de Ex Prisioneros Políticos de Pisagua, Estadio Nacional y el Fondo Programa Sitios de Memoria—, lo que subraya que buena parte del conflicto presupuestario se articula en torno a las políticas de derechos humanos y juventud.
Desde el Ejecutivo, Grau defendió el sentido de estas partidas: “Los sitios de memoria son esenciales para que las nuevas generaciones comprendan lo ocurrido en nuestro país y así impedir que esos horrores se repitan”, enfatizó, recordando que dichos espacios registran desapariciones, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura.
Pese a los nudos críticos, Hacienda realizó un balance optimista: 29 de 33 partidas quedaron aprobadas, lo que, a juicio del ministro, demuestra que los acuerdos logrados en el Senado se mantuvieron en la Cámara. A ello agregó que las principales áreas sociales —salud, educación, vivienda y cuidados— quedaron completamente financiadas, configurando la base política del proyecto.
Desde la oposición, el diputado Felipe Donoso (UDI) entregó una lectura diametralmente opuesta, asegurando haber quedado con una “sensación amarga” porque, según dijo, el gobierno no ajustó sus proyecciones de ingresos ni gastos. Donoso anticipó que el verdadero momento de tensión llegará con el cierre fiscal 2025, cuando se verá si las cifras “calzan” con lo comprometido, advirtiendo que, de no ser así, “harán valer la responsabilidad política al ministro Grau”.
La Comisión Mixta comenzará a sesionar este miércoles, con el objetivo de despachar el Presupuesto a ley dentro de la jornada. Su resolución será clave no solo para cerrar el año legislativo, sino para determinar el margen político con el que el Ejecutivo enfrentará 2026.
Las concesiones realizadas en el Senado
La aprobación previa en el Senado no fue automática: requirió 74 medidas acordadas entre el gobierno y los parlamentarios, distribuidas en 14 áreas que abarcaron Salud, Educación, Vivienda, gobiernos regionales, Desarrollo Social, Interior, Economía, Medioambiente, Contraloría y otras relacionadas con eficiencia del gasto y avalúos fiscales.
En Salud, se reforzó el programa Adulto Mayor Autovalente (Más AMA) mediante una nueva glosa que aseguró su continuidad. Además, se incrementaron recursos para la atención primaria, con una inyección adicional de $15.000 millones destinada a normalizar servicios de urgencia en zonas rurales, reforzar dispositivos en temporada alta y atender brechas territoriales. En el ámbito de la Ley de Urgencias, se mandató a Fonasa a pagar antes del 31 de diciembre todas las prestaciones válidas realizadas desde 2024 hacia atrás.
También se incorporó una glosa que obliga a la Subsecretaría de Redes Asistenciales a conformar un consejo de seguimiento para implementar las recomendaciones de la Comisión Asesora del Gasto Público y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, buscando mejorar eficiencia hospitalaria y gestión de inventarios.
En Educación, se elevó el presupuesto de Junaeb, junto con mayores recursos para los programas Habilidades para la Vida y Salud Oral, sumando un total de $5.171 millones adicionales. Se ajustó también el cronograma de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para considerar la situación financiera y administrativa de los municipios, permitiendo un traspaso más gradual y con foco en territorios críticos.
El Ejecutivo también incrementó en $1.000 millones el financiamiento para los Liceos Bicentenarios, y modificó la ley de Presupuestos para incorporar 15.000 nuevos beneficiarios del DS49, elevando la cobertura a 40.000 familias.
Con estos cambios, el gobierno aseguró apoyos clave en el Senado, pero abrió un nuevo flanco en la Cámara, donde persisten diferencias ideológicas profundas sobre cultura, identidad y memoria. El desenlace de la Comisión Mixta será, en última instancia, una prueba del equilibrio político con que el Ejecutivo enfrentará el próximo año.
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