La frontera entre Chile y Perú se encuentra en el epicentro de una reconfiguración geopolítica de alto voltaje, tras el anuncio del gobierno peruano de desplegar a sus Fuerzas Armadas para resguardar los más de 169 kilómetros de límite compartido. Esta decisión, informada originalmente por DNews, representa una estrategia de contención ante un flujo migratorio inverso: el potencial ingreso masivo de personas que buscan abandonar territorio chileno. La medida, que incluye decretar el estado de emergencia en las provincias limítrofes, constituye una respuesta directa a la retórica restrictiva emanada desde la arena política chilena, transformando la crisis migratoria en un asunto de seguridad nacional y diplomática bilateral.
El detonante de esta escalada se encuentra en el discurso del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien ha reavivado el debate con una propuesta que funciona como un ultimátum temporal: un plazo de 106 días para la salida «voluntaria» de migrantes en situación irregular. Según el propio Kast, en declaraciones recogidas por la cobertura de DNews, esta postura ha generado un «buen sentido» entre la población migrante, anticipando su partida. El candidato no solo justifica la medida peruana como una atribución legítima, sino que extiende la responsabilidad a Perú y Bolivia por haber permitido, en su visión, el ingreso irregular de ciudadanos de terceros países, instalando así una narrativa de corresponsabilidad regional en la crisis.
La reacción del presidente peruano, José Jerí, materializada a través de la plataforma X (antes Twitter), va más allá de una mera medida administrativa. Su mensaje, donde afirma que «no se debe permitir que las fronteras sean consideradas coladeras», revela una profunda preocupación por la soberanía y la gobernabilidad en su territorio, al tiempo que proyecta una imagen de control frente a una posible desestabilización interna. La militarización de la frontera sur, por tanto, no es solo una barrera física, sino un acto simbólico de reafirmación estatal ante presiones externas.
En el lado chileno, la alarma ha sido elevada por autoridades regionales. Diego Paco, Gobernador de Arica y Parinacota, en entrevista con DNews, ha interpelado directamente al presidente Gabriel Boric para que lidere una respuesta urgente. Su inquietud subraya la paradoja de la situación: una región que históricamente ha gestionado flujos de entrada, se ve ahora ante la inminencia de gestionar una salida masiva. La pregunta «¿y qué está haciendo Chile respecto de aquello?» evidencia un vacío de estrategia fronteriza y una clara tensión entre la agenda política nacional y las urgencias territoriales.
Este escenario complejo trasciende la anécdota diplomática. La frontera se ha convertido en el escenario tangible donde chocan dos visiones opuestas: una que promueve la disuasión mediante la amenaza de expulsión, y otra que responde fortaleciendo el control militar. La crisis, en esencia, ya no es solo sobre el tránsito de personas, sino sobre la capacidad de los estados para gestionar los efectos dominó de sus políticas internas en un espacio regional interconectado, redefiniendo las dinámicas de poder en el cono sur.
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/gap
