La tensión en la frontera sur volvió a incrementarse este domingo tras el arribo de cerca de cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas al complejo Santa Rosa, en el marco del estado de emergencia decretado frente al aumento sostenido de migrantes indocumentados que intentan ingresar desde Chile. El refuerzo militar busca contener un escenario que combina incertidumbre, presión humanitaria y la necesidad urgente de control territorial.
Los efectivos permanecieron formados a la espera de instrucciones para desplazarse hacia la línea limítrofe, mientras autoridades como el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, coordinaban con la Policía Nacional un esquema de patrullaje conjunto y permanente. El despliegue evidencia la intención del Gobierno de articular una respuesta interinstitucional ante una crisis que supera la capacidad habitual de vigilancia.
En paralelo, un grupo de migrantes —en su mayoría venezolanos, pero también ecuatorianos y colombianos— permanece en la zona fronteriza enfrentando condiciones de extrema precariedad. La falta de agua, comida y recursos básicos agrava su situación. El testimonio de una madre venezolana, entre lágrimas, graficó la profundidad del drama: llevan un día sin alimento y solo buscan una solución que les permita continuar su tránsito.
El estado de emergencia habilita medidas extraordinarias para frenar el ingreso irregular y evitar que la frontera se convierta en un corredor migratorio informal. El Gobierno prevé mantener la presencia militar y policial mientras monitorea la evolución del flujo migratorio, en un contexto que exige equilibrar seguridad, contención y derechos humanos.
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