El Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció una decisión de alto impacto político y jurídico: la expropiación de 100 de las 215 hectáreas que constituyen el terreno de la «megatoma» de San Antonio, propiedad de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio. Esta medida, según comunicó el Ejecutivo, tiene como objetivo final la construcción de un proyecto habitacional, iniciativa impulsada originalmente por las cooperativas de vivienda de la zona. La decisión no es un acto aislado, sino la culminación de un proceso de seis meses de negociaciones en una mesa técnica que fracasó en su propósito de lograr una compraventa voluntaria, según informó Emol
La arquitectura de la decisión: De la negociación fallida a la acción unilateral
La argumentación oficial se sustenta en el fracaso de las tratativas. Según el Gobierno, la imposibilidad de llegar a un acuerdo se debió a que «el precio solicitado estaba sobre el precio del mercado». Los datos revelan una brecha sustancial y una evolución compleja en la puja económica. Inicialmente, los propietarios fijaron un valor de 0,69 UF por m², mientras que la oferta estatal era de 0,58 UF. A lo largo de las negociaciones, la inmobiliaria cedió hasta 0,40 UF por m², un valor significativamente menor al comercial inicial. Sin embargo, incluso en ese escenario, las distancias perseguían: a 0,40 UF, las 100 hectáreas hubieran costado al fisco aproximadamente $15.857 millones, y la totalidad del terreno (215 ha) unos $34.097 millones.
El Estado optó por la vía expropiatoria, fijando un monto de $10.961 millones por las 100 hectáreas, lo que equivale a un valor de aproximadamente 0,23 UF por m². Esta cifra marca una diferencia financiera crucial respecto a cualquier escenario negociado, planteando un interrogante central sobre la determinación del «justo precio» y la relación entre valor de mercado, valor fiscal y el concepto de «utilidad pública» que justifica la expropiación. Según El Mercurio, este será el monto que el Serviu de Valparaíso transferirá a los propietarios como indemnización.
El doble movimiento estratégico: Desalojo y regularización
El plan gubernamental se estructura en dos fases claramente delineadas, que combinan la aplicación de la ley con una política de arraigo. La primera fase consiste en el desalojo de áreas no contempladas en la expropiación, tarea en la que el Municipio deberá proveer albergues, reconociendo así la dimensión humanitaria del conflicto. La segunda fase es la expropiación propiamente tal, que no busca desalojar, sino regularizar y otorgar destino formal a una ocupación preexistente para convertirla en vivienda social. Este enfoque bifurcado intenta equilibrar el imperativo de orden público con una solución habitacional de fondo, aunque su ejecución práctica supone un desafío logístico y social de enorme magnitud.
La réplica política y el cuestionamiento legal: El rol de la Contraloría
La medida ha generado una inmediata reacción político-institucional. Diputados de Renovación Nacional, entre ellos Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Celis y Andrés Longton, han interpuesto un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República. Solicitan que el órgano contralor se pronuncie sobre «la legalidad de la utilización de procedimientos expropiatorios para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación u ocupación y cuyo desalojo se hubiere determinado para resolución judicial firme y ejecutoriada».
En su oficio, los parlamentarios no solo cuestionan el mecanismo, sino que también enmarcan el problema en términos de seguridad y orden público, describiendo la megatoma como foco de «tráfico de drogas, otras actividades delictivas [y] problemas sanitarios». Este requerimiento traslada el debate del plano político al jurídico-administrativo, poniendo en el centro a la Contraloría y forzando un examen sobre si la figura expropiatoria es aplicable legítimamente a un terreno bajo ocupación ilegal y con órdenes de desalojo pendientes. La decisión de la Contraloría podría sentar un precedente crucial para la política de suelo y la gestión de tomas en el país.
Conclusión: Un punto de inflexión en la política de vivienda y suelo
La expropiación en San Antonio trasciende el caso específico. Se erige como un experimento de alta tensión en la política habitacional, donde el Estado recurre a una herramienta de fuerza legal para resolver un nudo de conflicto social, presión inmobiliaria y déficit histórico. La medida expone la tensión irresuelta entre la lógica de la propiedad privada y su valoración de mercado, y la urgencia estatal por garantizar soluciones habitacionales en contextos de extrema informalidad. El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá no solo de la viabilidad legal que determine la Contraloría, sino también de la capacidad del Estado para ejecutar un plan que, hasta ahora, ha navegado entre la negociación infructuosa y la decisión unilateral.
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