El ex presidente de Bolivia Luis Arce fue arrestado por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía, en el marco de una causa abierta por presunta corrupción vinculada al Fondo Indígena, confirmó la ex ministra de Presidencia María Nela Prada.
El ex mandatario figura como involucrado en un presunto desfalco millonario de recursos públicos originalmente destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. La trama de irregularidades se remonta al gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante el periodo en el que Arce ejercía como ministro de Economía.
De acuerdo con la indagación fiscal, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
El caso Fondo Indígena —uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Bolivia— involucra al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), entidad que administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para financiar proyectos productivos en áreas rurales. Entre 2006 y 2014, el Fondo manejó más de 3.197 millones de bolivianos (unos 460 millones de dólares).
Su directorio estaba compuesto por varios ministerios, incluido el de Economía liderado por Arce, y por organizaciones sociales afines al MAS. Aunque se buscaba integrar representación indígena y campesina en la gestión estatal, la estructura terminó derivando en un sistema con controles débiles y alta discrecionalidad en la asignación de recursos.
Las primeras irregularidades salieron a la luz en 2015, cuando la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño inicial estimado en 71 millones de bolivianos (unos 10 millones de dólares). Auditorías posteriores ampliaron el alcance a más de 1.000 proyectos, elevando la cifra del posible perjuicio a más de 182 millones de dólares.
Las investigaciones identificaron un patrón de desembolsos sin respaldo técnico, pagos a cuentas personales de dirigentes y aprobaciones de proyectos sin documentación básica o sin verificación de avances. Estas revelaciones profundizaron la crisis de credibilidad del Fondo y exhibieron fallas estructurales en el manejo de recursos públicos.
El año 2014, en pleno ciclo electoral, agravó el escenario: pese a que el Fondo acumulaba deudas superiores a 310 millones de bolivianos, se autorizaron desembolsos por 575 millones. Diversas denuncias apuntaron a que parte de ese dinero habría sido utilizado para actividades políticas, como movilizaciones masivas, lo que aumentó la presión sobre el gobierno y llevó a la intervención del Fondo en 2015.
El caso estalló tras las denuncias del entonces director ejecutivo Marco Antonio Aramayo, quien reportó proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su posterior procesamiento y su muerte bajo custodia estatal generaron un fuerte debate nacional sobre responsabilidades institucionales y el presunto uso político de la persecución penal.
La causa que hoy alcanza a Arce se centra en su rol dentro del directorio del Fondo y en las decisiones administrativas tomadas durante los años en los que se consolidó el esquema irregular. La Fiscalía busca determinar si hubo omisiones, autorizaciones o avales que facilitaron el desvío de recursos, aunque aún no se ha difundido un cálculo oficial del daño atribuible directamente al ex mandatario.
La detención se produce en un momento de profunda fractura interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), dividido desde 2023 entre los sectores leales a Evo Morales y aquellos afines a Arce. La ofensiva judicial profundiza esa ruptura y redefine el escenario político boliviano en un periodo de alta incertidumbre institucional, con múltiples causas abiertas relacionadas con la gestión de recursos públicos durante la etapa de mayor hegemonía del MAS.
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