La Democracia Cristiana (DC) enfrenta su crisis de identidad más profunda en décadas a través de un proceso interno que trasciende lo disciplinario para convertirse en un juicio político e ideológico. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sometido a un procedimiento expulsorio tras reunirse con José Antonio Kast días antes de la primera vuelta presidencial, respondió con un contundente documento de siete páginas que no solo rebate las acusaciones, sino que formula una crítica estructural al rumbo actual del partido.

La defensa de Frei: Cuestionamiento a la legitimidad del Tribunal

En su respuesta, el exmandatario articula una defensa en tres niveles: procedimental, político e identitario. En el ámbito formal, sostiene que los miembros del Tribunal Supremo no han presentado su declaración de intereses y patrimonio, lo que, a su juicio, «atenta contra la imparcialidad» del órgano. Además, señala que la acusación no especifica qué falta estatutaria cometió al reunirse con Kast y que nadie indagó sobre el contenido sustantivo de dicho encuentro.

Profundizando en las objeciones procedimentales, Frei apunta a irregularidades en la composición del Tribunal. Según los estatutos partidistas, mientras algunos integrantes se renuevan cada cuatro años, otros deben hacerlo cada dos. Cuatro de los nueve miembros que decidirán su caso –con perfiles cercanos al liderazgo actual de Francisco Huenchumilla y la senadora Yasna Provoste– habrían debido salir del tribunal hace dos años, lo que cuestionaría la validez misma de la instancia que lo juzga.

Anatomía de un Tribunal: La configuración de las facciones internas

La composición del Tribunal Supremo refleja las tensiones faccionales que dividen al partido:

  1. Julia Panez, presidenta del tribunal, suscribió el fallo que expulsó a Fuad Chahin y otros militantes que apoyaron el Rechazo. Su designación como jefa jurídica de la municipalidad de Santiago bajo Irací Hassler (PC) sugiere alineamientos políticos externos.

  2. Matías Valdés Lara, cercano a la senadora Provoste, representa a la tendencia de los «chascones».

  3. María Constanza Tobar Castro, exasesora de Huenchumilla, se inhabilitó para esta causa reconociendo su cercanía con la familia Frei.

  4. Luis Eduardo Thayer Morel, exasesor legislativo de Provoste y vinculado al abogado Rodolfo Seguel –quien presentó la acusación–.

  5. Oscar Osorio, funcionario de INDAP, también identificado como cercano a Provoste.

Esta configuración sustenta la tesis de Frei de que el proceso responde menos a una infracción estatutaria que a una persecución política desde el sector que hoy controla el partido.

La disputa por el legado: Frei Montalva como campo de batalla simbólico

El conflicto trasciende lo personal para convertirse en una pugna por la memoria fundacional. Huenchumilla acusó a Frei de «lesionar la memoria histórica del presidente Frei Montalva» al reunirse con Kast, tachando el gesto de contrario a la tradición partidista «históricamente opuesta a las políticas conservadoras».

Frei respondió con una cita del propio Eduardo Frei Montalva: «El comunismo no es compatible con la libertad, porque subordina los derechos de las personas al poder del Estado». Esta réplica no es meramente retórica; establece una línea divisoria sobre qué significa ser democratacristiano hoy: ¿una fuerza que se alía con la izquierda radical (incluyendo al Partido Comunista) o una que defiende una centro reformista antitotalitario?

El juicio político inverso: Frei acusa al partido de desnaturalización

En un movimiento estratégico, Frei traslada el juicio del acusado al acusador. Declara que no renunciará, forzando al partido a asumir el costo político de expulsar a un expresidente de la República. Su carta es, en esencia, un manifiesto contra la deriva ideológica de la DC bajo Huenchumilla y Provoste.

«No soy yo quien se alejó de los principios que formaron el partido, sino que fue éste el que se apartó de sus valores y trayectoria histórica«, sentencia. Enumera como síntomas de esta desnaturalización:

  • El apoyo a la propuesta constitucional de 2022.

  • La pérdida sistemática de escaños parlamentarios.

  • La fuga de militantes hacia otras colectividades.

  • La suspensión de la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) por respaldar a Carmen Gloria Jara, candidata del Partido Comunista en las elecciones de gobernador regional.

Contexto de crisis: La derrota de Jara y la lucha por la sucesión

El proceso contra Frei se enmarca en una «convulsión interna» exacerbada por la reciente y contundente derrota electoral de Carmen Gloria Jara. Huenchumilla había endosado la responsabilidad de la falta de compromiso partidista en la campaña a Alejandra Krauss, secretaria general de la DC. Ambos perfiles –Huenchumilla y Krauss– aparecen como contendientes en las próximas elecciones de directiva de marzo o abril, revelando que el juicio a Frei es también un capítulo en la lucha por el control futuro del partido.

Conclusión: Más que una expulsión, una definición existencial

La sesión del Tribunal Supremo de este jueves se plantea como un punto de inflexión. Voces al interior del partido piden retirar la acusación, reconociendo el daño irreparable que una expulsión causaría. Pero la trascendencia del caso va más allá del destino individual de Frei.

Se trata de una definición fundamental sobre la identidad de la Democracia Cristiana: ¿Es aún un partido de centro, con raíces humanistas cristianas y vocación transversal, o ha consumado su viraje hacia la izquierda, aceptando alianzas y lógicas antes consideradas antitéticas? El «juicio político» que Frei hace a su partido –y la posible respuesta expulsoria– no solo dividirá a la militancia, sino que podría reconfigurar el mapa político chileno, dejando en evidencia que lo que se dirime en este proceso es, en última instancia, el alma de una de las fuerzas políticas más determinantes de la historia reciente de Chile.