Miembros de la Brigada Anticorrupción (Briac) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en las oficinas de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. La operación se llevó a cabo después de que la misma entidad denunciara el caso ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado martes.
Según informó la DGC, el allanamiento se efectuó «en relación con antecedentes relativos a eventuales pagos recibidos por una funcionaria de la repartición, con el fin de anticipar el proceso de pago a proveedores de las consultorías de esta Dirección». Durante la diligencia, los agentes de la PDI realizaron una revisión exhaustiva de los artículos tecnológicos utilizados por la funcionaria involucrada, con el objetivo de obtener pruebas clave para la investigación.
Adicionalmente, la autoridad ministerial del MOP instruyó un sumario administrativo con el propósito de determinar las responsabilidades de los involucrados en el caso. La DGC señaló que esta medida se toma como parte del protocolo habitual ante posibles hechos irregulares dentro de la institución.
El caso, que involucra a exfuncionarios de la DGC, ha sido asignado a la unidad de la Fiscalía dirigida por la fiscal Ximena Chong. De acuerdo con la información publicada por La Tercera, la denuncia presentada ante la Fiscalía detalla presuntos delitos de corrupción que implicarían a miembros del equipo del exjefe de gabinete de la DGC, Cristóbal Cumián.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte está indagando sobre posibles pagos ilícitos a funcionarios de la DGC, los cuales habrían sido realizados con el fin de acelerar el pago de contratos adquiridos por la entidad pública. La denuncia presentada ante el Ministerio Público incluye una serie de evidencias que ya fueron adjuntadas a la investigación, las cuales podrían ser claves para el avance del proceso judicial.
El desarrollo de esta causa continuará bajo el seguimiento de la Fiscalía, que busca esclarecer los hechos y establecer responsabilidades frente a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
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