Durante la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil, se puso en evidencia una fractura estratégica dentro de América Latina respecto a la crisis venezolana. Seis naciones —Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú— suscribieron una declaración conjunta que, si bien representa una postura unitaria crítica, también revela los límites del consenso regional y las divergencias tácticas sobre cómo enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro.
El documento, difundido por el gobierno paraguayo y firmado el sábado, constituye una intervención diplomática colectiva que exige al régimen de Caracas el «restablecimiento del orden democrático» y el «respeto irrestricto a los derechos humanos». Su contenido se centra en las consecuencias internas de la crisis, expresando «profunda preocupación» por la grave situación migratoria, humanitaria y social, e instando a la liberación inmediata de presos políticos y a la garantía del debido proceso. Notablemente, el texto adoptó un tono deliberadamente moderado, evitando cualquier mención a Estados Unidos o a su despliegue militar en el Caribe, lo que sugiere un cálculo para lograr una base de apoyo amplia, aunque no total.
Precisamente, la naturaleza limitada del acuerdo queda de manifiesto en las ausencias significativas de Brasil y Uruguay como firmantes. Esta omisión subraya la persistente falta de una postura unificada en el bloque, fragmentado entre gobiernos que priorizan la presión multilateral y aquellos que abogan por la no injerencia o canales diplomáticos discretos. La declaración, por tanto, no representa la voz del Mercosur, sino la de un subgrupo alineado.
Sin embargo, la cumbre también fue escenario de una ruptura discursiva y táctica protagonizada por el presidente argentino, Javier Milei. Horas antes de la firma, en su intervención pública, Milei desbordó el marco moderado del comunicado conjunto. Con una retórica contundente, saludó explícitamente la presión militar estadounidense sobre el «régimen chavista», respaldó el bloqueo naval y las sanciones petroleras de Washington, e instó al resto del bloque a secundar esta posición de fuerza. «El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado», declaró, responsabilizando directamente a Maduro por la «devastadora» crisis y recordando la suspensión venezolana del Mercosur por violar el Protocolo de Ushuaia.
CHILE
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, participó en representación del Presidente de la República, Gabriel Boric Font.
Durante su intervención en la Sesión Plenaria, el canciller reiteró el compromiso de Chile con la democracia, la paz y la seguridad en la región, que ha “permitido un trabajo sostenido en favor de las libertades fundamentales y del bienestar de nuestros pueblos”.
También manifestó la preocupación por la situación en Venezuela, reiterando el compromiso de Chile por el diálogo y la solución pacífica de controversias.
Cabe destacar que Chile participa como Estado Asociado de Mercosur desde 1996. Actualmente, el bloque se constituye como el tercer socio comercial del país.
Análisis Conclusivo:
El escenario de Iguazú delineó dos estrategias latinoamericanas paralelas y en tensión. Por un lado, una diplomacia colectiva cautelosa, materializada en la declaración de los seis países, que busca presionar a Caracas mediante el derecho internacional y el marco de los derechos humanos, evitando alineamientos militares explícitos. Por otro, una estrategia de alineamiento abierto con la política de máxima presión de Estados Unidos, encarnada y vocalizada por Milei. Esta dualidad no solo refleja el espectro ideológico actual de la región, sino que expone las dificultades estructurales para construir una respuesta única y efectiva frente a regímenes autoritarios. La cumbre, más que cerrar filas, cartografió con precisión los nuevos ejes de alianza y confrontación que definirán la política hemisférica hacia Venezuela en el futuro inmediato.
Casi en paralelo al desarrollo de la cumbre, Estados Unidos interceptó y confiscó un buque sancionado frente a las costas de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.
La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región.
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