La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este miércoles una serie de amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela. La advertencia fue realizada a través de su cuenta en la red social X, donde alertó sobre un riesgo inminente para la vida de personas privadas de libertad, entre las que —según testimonios de exreclusos— se encontraría secuestrado el gendarme argentino Nahuel Gallo.
En su mensaje, Machado afirmó haber recibido información reciente y verificada sobre estas amenazas, las cuales —según sostuvo— provendrían de funcionarios de los órganos represivos del régimen venezolano. La dirigente opositora calificó estos hechos como “crímenes de lesa humanidad” y “violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario”, subrayando la gravedad de las intimidaciones denunciadas.
“Se trata de amenazas directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia del Estado”, señaló Machado, enfatizando que el gobierno venezolano es plenamente responsable de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los detenidos como consecuencia de estas acciones.
La líder opositora advirtió que los presos políticos se encuentran en condición de rehenes del Estado, por lo que cualquier atentado contra su integridad constituiría una responsabilidad directa del régimen. “Hay vidas en riesgo hoy”, alertó en su publicación.
Llamado urgente a la comunidad internacional
En el mismo mensaje, Machado realizó un llamado urgente a la comunidad internacional, exigiendo la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos. Entre sus demandas, solicitó la activación de mecanismos de protección y verificación independientes para prevenir posibles ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, instó a los gobiernos democráticos y aliados a implementar medidas urgentes de presión diplomática, así como monitoreo internacional permanente y advertencias formales, con el objetivo de disuadir al régimen venezolano de concretar las amenazas denunciadas.
Finalmente, la dirigente solicitó protección inmediata para los presos políticos, acceso de observadores independientes a los centros de reclusión y garantías efectivas de vida e integridad personal para las personas privadas de libertad.
“Navidad sin presos políticos”
En paralelo, la organización opositora Unión y Cambio solicitó la liberación masiva e inmediata de los presos políticos en Venezuela, invocando razones humanitarias ante la proximidad de la Navidad. La agrupación argumentó que esta medida permitiría que cientos de familias puedan reunirse durante las fiestas, en medio de una profunda crisis penitenciaria denunciada por diversas organizaciones civiles.
Entre los integrantes de Unión y Cambio se encuentran dirigentes como el diputado electo Henrique Capriles, quienes han insistido en la dimensión humana y social del problema, subrayando el impacto que la prisión política tiene en la vida familiar y comunitaria.
El parlamentario electo Tomás Guanipa afirmó que las cárceles venezolanas albergan a personas que “no han cometido ningún tipo de delito”, asegurando que permanecen privadas de libertad “solo por el hecho de pensar distinto”.
Durante una rueda de prensa, Guanipa recalcó la urgencia de la solicitud, señalando que permitir a los detenidos pasar la Navidad junto a sus familias sería un gesto mínimo de humanidad y un paso hacia el entendimiento nacional, la reunificación familiar y la reconciliación política.
Cifras de presos políticos
Según datos actualizados de la ONG Foro Penal, con corte al 15 de diciembre, en Venezuela se contabilizan 902 personas catalogadas como presos políticos. De ese total, 86 poseen doble nacionalidad y cuatro son adolescentes, cifras que refuerzan las denuncias sobre la gravedad y alcance del fenómeno de la prisión política en el país.
Las denuncias de Machado y las solicitudes de liberación se suman a una creciente presión internacional sobre el régimen venezolano, en un contexto marcado por acusaciones sistemáticas de violaciones a los derechos humanos y por el deterioro de las condiciones carcelarias en el país.
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