Un hallazgo de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto una fractura crítica en los mecanismos de transparencia y control del Estado. El organismo fiscalizador alertó sobre un desorden financiero de proporciones monumentales que afecta a ministerios y municipalidades, acumulando más de US$17.300 millones —equivalente a casi un sexto del presupuesto público proyectado para 2026— en recursos cuyos registros contables son, en esencia, inverificables por falta de evidencia y controles adecuados.
La dimensión del problema se sistematizó en el segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), donde se emitió una «abstención de opinión» en el 100% de los 73 casos de entidades públicas revisadas. Este término técnico implica que fue imposible para la CGR confirmar la razonabilidad o confiabilidad de las cifras presentadas, dejando un vacío de certeza sobre $15,9 billones de pesos (91% del gobierno central, 9% municipal).
La reacción política evidenció una grave preocupación transversal, aunque matizada por lecturas partidistas. Desde la oposición, el diagnóstico fue severo. El diputado Jorge Alessandri (UDI) calificó la situación como «un desorden brutal», anunciando el envío de antecedentes al Ministerio Público para una investigación exhaustiva. Su colega Frank Sauerbaum (RN) subrayó la gravedad de la «falta de confiabilidad» que imposibilita una fiscalización transparente, planteándolo como un desafío prioritario para el próximo gobierno. Johannes Kaiser (PNL), en un mensaje críptico en redes sociales, insinuó mal manejo al afirmar: «No falta plata. Sobran los frescos…».
En tanto, el oficialismo buscó contextualizar temporalmente los hallazgos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó que el período auditado se inicia en 2020 —antes de la actual administración— y se extiende hasta 2024, argumentando que se debe analizar el detalle para determinar si se requiere corregir procedimientos. Desde el partido de gobierno, el diputado Héctor Ulloa (PPD) expresó confianza en el trabajo de la Contralora Dorothy Pérez y respaldó su decisión de abstenerse de visar los estados, aunque encendió «todas las alarmas» por el monto involucrado y su potencial impacto en decisiones estratégicas pasadas.
Este episodio trasciende la mera irregularidad administrativa. La abstención de opinión unánime de la máxima entidad fiscalizadora no solo señala fallas aisladas, sino que sugiere una debilidad sistémica en los estándares de rendición de cuentas del Estado. La magnitud de los recursos bajo una «niebla contable» —equiparable a una porción significativa del presupuesto nacional— plantea interrogantes profundas sobre la eficacia de la administración pública y erosiona los fundamentos de la confianza ciudadana en la gestión de los fondos comunes. La resolución de este entramado de opacidad se perfila no solo como un imperativo técnico-contable, sino como una prueba decisiva para la integridad de la institucionalidad fiscal chilena.
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