Durante 2022, en dependencias de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, un funcionario colocó un cartel ofensivo en el escritorio de un compañero con discapacidad y problemas de movilidad. El escrito decía: “Tío tío, cagó pedna (sic)”. El hecho derivó en la apertura de un sumario administrativo, el cual concluyó con una multa equivalente al 20% del sueldo del responsable.

La conducta no fue aislada. Según los antecedentes del proceso, el trabajador hostigado era objeto constante de burlas y apodos despectivos como “Pata de cumbia”, “Olguita Marina” o “el Mago Enmascarado lo hizo de nuevo”, este último en referencia a sus licencias médicas.

Ese episodio es uno más de los cientos de sumarios iniciados en la administración pública desde el 11 de marzo de 2022, fecha en que comenzó el gobierno del Presidente Gabriel Boric, por acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual. La información fue recopilada por La Tercera a través de más de 40 solicitudes de transparencia dirigidas a distintas subsecretarías, lo que permitió identificar conductas graves e inusuales al interior de varios ministerios.

El medio tuvo acceso a sumarios abiertos y cerrados, con los nombres de los involucrados debidamente anonimizados. Desde el Ejecutivo recalcan que no todos los funcionarios sancionados fueron contratados durante la actual administración, ya que varios provienen de gobiernos anteriores.

Casos emblemáticos y sanciones

Entre los casos más complejos aún abiertos figura el del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (PS), denunciado por una funcionaria por abuso sexual y violación.
Otro episodio relevante fue el del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, destituido en 2023 tras un sumario por acoso sexual. A ellos se suma el caso del exembajador de Chile en Francia, José Miguel Capdevilla, quien dejó su cargo tras una investigación por maltrato laboral.

Entre el 11 de marzo de 2022 y marzo de 2025, de los sumarios cerrados en subsecretarías, el balance es el siguiente:

  • Cuatro personas destituidas

  • Dos funcionarios suspendidos

  • Dos contratos no renovados

  • Once censuras

  • Cinco multas salariales

Del total de 363 casos registrados, 108 fueron sobreseídos, equivalente al 29,7%.

Amenazas y agresiones verbales

En la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se registró, a mediados de 2023, un episodio de amenazas y agresiones verbales entre dos funcionarios. Todo se originó tras un correo enviado el 28 de julio, en el que uno de ellos relató una discusión sobre el ambiente laboral.

Según el relato, el conflicto escaló hasta amenazas de agresión física y de muerte, incluyendo el intento de golpearlo con una taza. Finalmente, ambos funcionarios fueron suspendidos por 30 días, con el 70% de su remuneración.

Conductas sexuales inapropiadas

En el Ministerio de Vivienda, específicamente en la División Administrativa (Divad), un sumario dio cuenta de un ambiente laboral deteriorado por comentarios obscenos y conductas sexualizadas. Declaraciones recogidas señalaron que un funcionario realizaba comentarios sexuales de forma habitual, incluso enviando pornografía por canales institucionales.

Seis trabajadores denunciaron al mismo funcionario por conductas obscenas, incluyendo contacto físico no consentido. El proceso concluyó con su destitución.

En la misma cartera, otro sumario abordó un conflicto entre dos funcionarias que eran amigas. Tras una acusación por una relación sentimental, una de ellas denunció acoso reiterado vía WhatsApp, con mensajes intimidatorios como “tú sabes que soy capaz de cualquier cosa” y “prepárate”. En ese caso, la sanción fue una censura.

Maltrato reiterado y gritos

En el Ministerio del Medio Ambiente, una investigación describió a una funcionaria que gritaba, golpeaba la mesa y hacía llorar a sus compañeros. Testimonios señalaron que los malos tratos eran reiterados y que incluso se jactaba de ellos. Aunque se propuso una censura, la funcionaria renunció antes de la sanción final.

En el Ministerio del Interior, otro funcionario fue suspendido por tres meses, con el 50% de su remuneración, por gritar y avasallar a su equipo, especialmente frente a discrepancias laborales.

Ministerios involucrados

Las destituciones se registraron en Interior, Vivienda, Transportes y Deporte, mientras que hubo censuras en organismos como Subdere, Educación Parvularia, Justicia, Minería, Energía y Patrimonio Cultural. También se contabilizaron no renovaciones de contrato, principalmente en Interior.

El conjunto de antecedentes revela la magnitud de los conflictos laborales al interior del Estado, así como el uso del sumario administrativo como principal herramienta disciplinaria durante el actual período de gobierno.

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