La crisis política y militar en Venezuela se intensifica mientras Estados Unidos concentra fuerzas frente al país, lanza ataques contra presuntos narcotraficantes y confisca petroleros, lo que ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro a movilizar al ejército, solicitar apoyo de sus aliados y apelar directamente a las Naciones Unidas.
Según observadores locales e internacionales, las autoridades venezolanas han aprovechado las amenazas estadounidenses para reprimir la disidencia interna. “El gobierno ha utilizado la presión estadounidense como excusa para desplegar al ejército, tildar de ‘traidores’ a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes”, denunció Martina Rapido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch para los Andes del Norte. La organización documentó en septiembre 19 casos de presos en régimen de incomunicación.
La represión ha cobrado víctimas visibles. El político opositor Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta, falleció este mes en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia SEBIN en Caracas, un año después de ser arrestado mientras intentaba huir del país. Su familia asegura que se le negó atención médica.
Nueva legislación y denuncias internacionales
El martes, la Asamblea Nacional aprobó una ley que impone hasta 20 años de prisión a quienes participen en la campaña estadounidense para confiscar buques petroleros venezolanos. “La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, advirtió Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, señalando que periodistas, defensores, opositores y trabajadores humanitarios enfrentan amenazas, acoso y detenciones arbitrarias.
Human Rights Watch y Türk también criticaron los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en Centroamérica y Sudamérica, calificándolos de ejecuciones extrajudiciales ilegales y de violaciones al derecho internacional.
Elecciones cuestionadas y presos políticos
La represión se enmarca en la campaña lanzada por Maduro tras las elecciones de julio de 2024, en las que se proclamó vencedor pese a auditorías independientes que mostraron que perdió frente al opositor Edmundo González por un margen de 2 a 1. Las protestas posteriores fueron sofocadas con miles de arrestos. El observatorio independiente Foro Penal informó este mes que existen 905 presos políticos en el país.
Estados Unidos considera ilegítimo a Maduro desde las elecciones de 2018, también calificadas de fraudulentas. El gobierno de Trump lo acusa de narcoterrorismo, y este año aumentó la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena a 50 millones de dólares.
Escalada militar y respuesta diplomática
Desde agosto, Venezuela desplegó buques de guerra en el Caribe. En paralelo, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 29 embarcaciones, causando la muerte de 105 personas, e incautado dos petroleros. Trump declaró que “Maduro tiene los días contados” y sugirió que sería inteligente que dimitiera.
Maduro respondió con un llamamiento formal a los 193 Estados miembros de la ONU, denunciando las incautaciones como actos de piratería y advirtiendo de una “escalada de agresión extremadamente grave”. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, el representante venezolano Samuel Moncada acusó a Estados Unidos de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”. El delegado estadounidense Mike Waltz replicó que Maduro es “un fugitivo de la justicia y líder del Cártel de Los Soles”.
Historias de represión y dolor
La represión alcanza a ciudadanos comunes. Gabriel José Rodríguez, de 16 años, fue arrestado en enero en un hospital de Lara y acusado de terrorismo. Este mes fue condenado a 10 años de prisión, tras cumplir 17 años y terminar la secundaria en la cárcel. Es uno de al menos cinco adolescentes encarcelados.
La muerte de Alfredo Díaz también fue recordada en Oslo por Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora María Corina Machado. “Otra vida perdida. Otra víctima del régimen”, lamentó.
Casos similares se multiplican: Marggie Orozco, médica de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión por enviar un mensaje crítico en WhatsApp. En noviembre, dos hermanas adolescentes, Samanta Sofía y Aranza Hernández Castillo, fueron arrestadas en Caracas y Maracaibo, respectivamente, por su vínculo familiar con un exteniente acusado de traición.
Navidad en prisión
Frente a El Helicoide, familias intentan mantener la esperanza. Una mujer acudió con sus dos hijos pequeños, vestidos de blanco, llevando regalos y hallacas, el plato navideño tradicional. “Esto es lo más parecido al infierno que tengo”, confesó, temiendo represalias. Su hijo de 8 años pidió a Papá Noel un único regalo: la liberación de su padre.
Human Rights Watch denunció que las autoridades han limitado las entregas familiares y restringido arbitrariamente las visitas. “A veces veo a la Señora Justicia con los ojos tapados y pienso: si hubiera una manera de destaparlos y ayudarla a ver”, expresó la esposa del preso, reflejando el sentimiento de miles de familias venezolanas que enfrentan la represión en medio de la crisis política y militar.
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