Encubierta por lo ocurrido en Venezuela, se ha producido en nuestro país una violación grave de los principios básicos del derecho. Lo más alarmante no es sólo la infracción en sí, sino que ésta haya sido consumada por el propio Poder Judicial y luego respaldada públicamente por un abogado, rector de una prestigiosa universidad, quien goza de un espacio privilegiado en uno de los medios de mayor circulación nacional.
Adentrarse en este laberinto jurídico puede parecerle a alguno una incursión temeraria de esta pluma. Sin embargo, la interpretación ideológica del derecho es en este caso groseramente evidente; cualquier ciudadano medianamente ilustrado puede advertir que estamos frente a una aplicación torcida de la ley, cuyo único propósito parece ser saciar ansias de odio y venganza contra un sector específico de la sociedad… los militares.
Como es de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia ha acatado de manera dócil instrucciones de la Corte Interamericana de DD. HH, al disponer la anulación de sentencias que ya se encontraban cumplidas. Lo irrisorio —y jurídicamente escandaloso— es que dichas sentencias habían sido dictadas por la propia Corte Suprema, señal inequívoca de lo que en derecho se conoce como prevaricación: “resolución arbitraria dictada a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley”, es decir… ¡abuso de poder!
Se podrá argumentar que se trata de una aplicación estricta de la norma. No obstante, ningún jurista serio puede negar que una resolución desprovista de ponderación conduce inevitablemente a resultados injustos, pues vulnera la equidad y rompe la coherencia que debe caracterizar a un sistema jurídico justo. Aquí cobra pleno sentido el viejo aforismo: “el exceso de derecho se transforma en injusticia”.
Dicho en términos simples, cuando una norma se aplica sin atender al contexto ni a la realidad de los hechos juzgados, la decisión puede ser formalmente válida, pero al carecer de consistencia termina violando, en la práctica, la igualdad ante la ley. Es una justicia correcta en apariencia, pero arbitraria en sus efectos, lo que contradice el principio elemental de que donde no hay equidad, no hay verdadero derecho.
Que esta situación, que puede ser comprendida por un ciudadano común, sea celebrada y defendida por un Rector universitario, buscando erigirse como una autoridad moral e intelectual, es impresentable.
Resulta inadmisible que ese Rector se permita decir que “Todos ellos deben volver a la cárcel y abandonar las esperanzas de morir en libertad”, refiriéndose a los soldados que salvaron al país de caer en una dictadura comunista, y que, con sentencias ejecutoriadas, gozan de justa libertad.
Por último, es insostenible que el máximo tribunal de justicia y personajes como el Rector aludido, olviden normas básicas del derecho que vienen desde la antigua Roma como son la Prescripción, el Derecho Pro-Reo, la igualdad ante la ley, entre otras, hoy violadas por una justicia ideologizada por el odio y la venganza contra los soldados de 73, consiguiendo la paradoja que… la justicia se vuelva injusta.
Por Cristián Labbé Galilea
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