La reciente declaración del presidente estadounidense Donald Trump, emitida el sábado pasado, constituye un punto de inflexión estratégico en la presión multilateral contra el régimen castrista. El anuncio, que estipula el cese definitivo del flujo de petróleo y capital desde Venezuela hacia Cuba tras la captura de Nicolás Maduro, trasciende una mera medida punitiva. Representa, en esencia, un intento calculado de desarticular uno de los pilares de subsistencia del gobierno cubano, forzándolo a una negociación bajo la advertencia de que lo haga “antes de que sea demasiado tarde”.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump enfatizó en mayúsculas: “NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA – CERO”. Su declaración analizó la naturaleza simbiótica de la alianza entre los gobiernos de La Habana y Caracas, señalando que Cuba dependió por años de “grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela” como contraprestación por proveer “servicios de seguridad” a los últimos dos mandatarios chavistas. Este esquema, según Trump, concluyó abruptamente tras la operación militar en Caracas, que resultó en la neutralización de gran parte del aparato de seguridad cubano desplegado. “La mayoría… están MUERTOS”, afirmó, tras lo cual declaró que Venezuela contaría en adelante con la protección militar estadounidense, invalidando la justificación del intercambio.
La respuesta oficial del régimen cubano confirma la profundidad del golpe. Reconoció la muerte de 32 ciudadanos, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior en misión en Venezuela, decretando duelo nacional. El presidente Miguel Díaz-Canel los calificó de “bravos combatientes… enfrentando a terroristas en uniforme imperial”, una retórica que busca enmarcar el evento como un acto de resistencia ante una agresión externa, en lugar de admitir la vulnerabilidad expuesta.
Este anuncio se produce en un contexto de extrema fragilidad para la economía cubana, que enfrenta su crisis más severa desde el Período Especial de los años 90. Históricamente, la isla ha estructurado su seguridad energética en torno a los envíos subsidiados de crudo venezolano, un mecanismo consolidado en el año 2000 bajo el acuerdo con Hugo Chávez. Dicho pacto, basado en el trueque de petróleo por servicios profesionales cubanos, ya venía mostrando un declive estructural. Los envíos, que superaban los 100,000 barriles diarios en 2021 (cubriendo aproximadamente el 80% de la demanda interna), se habían desplomado a apenas 16,000 barriles diarios para 2025, debido al colapso de la industria petrolera venezolana y al régimen de sanciones internacionales.
La medida anunciada por Trump, por lo tanto, no hace sino acelerar y oficializar el colapso de un sostén económico que ya se encontraba en ruinas. Su objetivo estratégico es claro: incrementar la presión asfixiante sobre el régimen, eliminando el último vestigio significativo de apoyo exterior y colocando a la dirigencia cubana ante una disyuntiva crítica, en un momento donde su capacidad de maniobra y resiliencia se encuentran profundamente erosionadas.
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