Al menos 648 manifestantes han perdido la vida en Irán como consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica contra el movimiento de protestas que se desarrolla en el país, según informó este lunes la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con la ONG, la cifra corresponde únicamente a víctimas cuya muerte ha podido ser verificada, por lo que el número real de fallecidos podría ser considerablemente mayor. Así lo advirtió el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien señaló que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
La organización agregó que algunas estimaciones sitúan el número total de muertos por encima de los 6.000, aunque subrayó que la verificación independiente resulta extremadamente difícil debido al bloqueo casi total de Internet impuesto por las autoridades iraníes durante cerca de cuatro días. Esta restricción, explicó IHR, ha limitado severamente el flujo de información desde el interior del país.
Las protestas estallaron el 28 de diciembre, tras el colapso del rial iraní, que se desplomó hasta 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza sostenida de los precios de alimentos y combustibles provocó inicialmente manifestaciones en dos mercados del centro de Teherán, las que rápidamente se extendieron a más de 280 localidades en 27 provincias.
Según reportó la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), durante los primeros días de movilización las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de Internet y amenazas de aplicar la pena de muerte contra los manifestantes. De acuerdo con esa ONG, hasta este lunes la cifra de fallecidos alcanzaba al menos 500 personas, aunque posteriormente el número fue aumentando conforme avanzaban las protestas.
El 29 de diciembre, tras la expansión del estallido social, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, presentó su renuncia, mientras la policía recurría al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en distintas ciudades. Al día siguiente, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunió con representantes del sector empresarial y prometió abordar la crisis económica que afecta al país.
La violencia más intensa se registró el 1 de enero en la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán, donde videos difundidos en redes sociales mostraron incendios, enfrentamientos armados y disparos. También se reportaron muertes en las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari e Isfahán, además del asesinato de un voluntario de la fuerza Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de su red social Truth Social que, si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos. Sus declaraciones se producen en un contexto de alta tensión bilateral, marcado por recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.
Posteriormente, el mandatario estadounidense aseguró que Irán habría propuesto iniciar negociaciones, luego de sus amenazas de represalias por la represión. Para ese momento, activistas contabilizaban al menos 544 muertos, según cifras entregadas por HRANA, lo que refuerza las advertencias sobre la magnitud de la violencia desatada contra el movimiento de protesta.
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