Estados Unidos ha ordenado la salida de parte de su personal militar de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio, según confirmó este miércoles la Oficina Internacional de Medios de Qatar mediante un comunicado oficial. La decisión afecta a un número no especificado de efectivos desplegados en una de las instalaciones militares más estratégicas utilizadas por Washington en la región.

En su declaración, las autoridades qataríes señalaron que el país está adoptando “todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad”, lo que incluye acciones destinadas a la protección de infraestructuras críticas y bases militares. El comunicado subraya que estas medidas responden al contexto regional actual, marcado por una escalada de amenazas y advertencias cruzadas.

De acuerdo con un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con la agencia Reuters, Estados Unidos ha comenzado a retirar personal de varias bases clave en la zona como medida preventiva. La fuente explicó que la decisión busca reducir riesgos para los efectivos militares ante la posibilidad de incidentes derivados del deterioro de la situación de seguridad regional.

La información se conoce después de que un alto funcionario iraní advirtiera a Reuters que Teherán ha comunicado a los países vecinos que albergan tropas estadounidenses que sus bases serán atacadas si Washington lanza una ofensiva militar contra Irán. Esta advertencia supone un nuevo nivel de confrontación en el marco de las crecientes tensiones entre ambos países.

En la misma línea, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, afirmó este miércoles que Irán responderá con ataques directos a bases estadounidenses en la región si Estados Unidos emprende acciones militares contra el país. Según la agencia estatal Mehr, Nafizardeh aseguró que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, y añadió que “la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos” en caso de una agresión.

Estas declaraciones se producen tras reiteradas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha manifestado en varias ocasiones su disposición a ordenar un ataque contra Irán, argumentando la necesidad de responder a la represión contra las protestas que sacuden al país persa desde hace dos semanas y que han dejado centenares de muertos, según diversas organizaciones.

Juicios rápidos y represión interna en Irán

En paralelo al aumento de la tensión internacional, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció que los manifestantes detenidos durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre serán sometidos a juicios rápidos, según informó la televisión estatal iraní. El anuncio se produce en medio de una represión severa que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha provocado desde cientos hasta varios miles de muertes.

La declaración coincide además con la creciente preocupación internacional por la posible ejecución de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” —“guerra contra Dios” según la legislación iraní—.

Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei afirmó: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, según recogió la televisión estatal. También indicó que los tribunales están acelerando los procesos judiciales contra quienes permanecen detenidos por su participación en las protestas.

Las cifras de víctimas continúan siendo motivo de controversia. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, asegura haber verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores de edad y nueve civiles no relacionados con las protestas, lo que eleva el total documentado a 2.571 fallecidos. Por su parte, la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, cifra en al menos 734 los muertos, aunque advierte que el número real podría ascender a varios miles.

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