En un operativo policial de amplia escala ejecutado en las comunas de Máfil (Los Ríos) y Temuco (La Araucanía), resultaron detenidos en horas de la madrugada tres hijos y un exyerno de Julia del Carmen Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, cuya desaparición data del 8 de noviembre de 2024. El procedimiento, llevado a cabo por más de un centenar de carabineros, marca un punto de inflexión en una investigación que ha estado atravesada por narrativas contradictorias.
La interpretación oficial del Gobierno, encabezada por el Presidente Gabriel Boric y matizada por la vocera Camila Vallejo, inicialmente adoptó el marco jurídico propuesto por la defensa, el cual situaba la desaparición en el contexto de su presunta labor como defensora medioambiental. Esta tesis, sin embargo, ha sido explícitamente refutada por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. La propia Chuñil, en un documental previo a su desaparición, había concretado el objeto de su lucha en términos culturales y territoriales específicos: “estoy luchando por mi cementerio”.
La audiencia de control de detención para Pablo San Martín, Jeannette y Javier Troncoso Chuñil, acusados de parricidio, está fijada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Su exyerno, Bermar Bastías Bastidas, enfrentará una formalización por homicidio calificado. A estos cargos se suman los de robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor.
La Pugna por la Narrativa: Activismo vs. Crimen Intrafamiliar
La relevancia de estas detenciones radica en que, según la investigación fiscal dirigida por Esquivel, el móvil del crimen apuntaría a dinámicas familiares y no a represalias por activismo, como sostuvo la abogada Karina Riquelme. Riquelme había vinculado el caso con un conflicto de tierras, citando una intervención grabada del empresario Juan Carlos Morstadt. Esta perspectiva galvanizó la atención del poder ejecutivo y legislativo, generando pronunciamientos presidenciales y dando nombre a un proyecto de ley de protección a ambientalistas.
La fiscal, en contraste, desmonta esta caracterización pública, afirmando a La Segunda: “No existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y sus actividades agrícolas”.
Las Contradicciones y la Evidencia Material
La investigación judicial ha avanzado sobre la base de inconsistencias en los relatos de los familiares y hallazgos forenses clave. En una querella por violación de secreto, Pablo San Martín Chuñil reprodujo un oficio fiscal del 31 de enero que revela el núcleo de la pesquisa. El documento solicita un allanamiento basado en versiones discrepantes de la hija Jeannette y su conviviente sobre la última vez que vieron a Chuñil, contrapuestas a testimonios de testigos que la ubican en la propiedad la noche anterior a su desaparición.
Un detalle crucial señala la extraña apertura de un portón cuya llave única estaba en poder de Chuñil, y que fue hallado dentro de la vivienda. La evidencia forense se materializó con el levantamiento de un pantalón con manchas de sangre, cuyo ADN coincidiría con el de la víctima. Estos elementos construyen una línea investigativa que, según la fiscalía, desvía el foco del activismo medioambiental hacia el ámbito doméstico, planteando un complejo escenario donde las narrativas políticas y las pruebas judiciales se confrontan directamente.
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