La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados abordó esta semana el proyecto de ley que busca fortalecer la regulación de la propiedad intelectual mediante la incorporación de nuevas medidas tecnológicas de protección y sanciones jurídicas frente a su elusión. La iniciativa, presentada durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, vuelve así al centro del debate parlamentario en un contexto marcado por la expansión sostenida de la piratería digital en la región.
En el marco de la discusión, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) fue una de las entidades invitadas a exponer. Su presidente, Rodrigo Ramírez —exsubsecretario de Telecomunicaciones— presentó ante los parlamentarios un diagnóstico centrado en los efectos económicos, laborales y sistémicos de la piratería audiovisual, subrayando que se trata de un fenómeno que supera con creces el ámbito estrictamente tecnológico.
Idicam agrupa a empresas como VTR, Mundo Pacífico, Claro, CTR, Huawei, Onnet Fibra, entre otras, lo que da cuenta del interés transversal de la industria por avanzar en un marco regulatorio más robusto. Según expuso Ramírez, “aproximadamente 16 millones de hogares de Latinoamérica acceden a programación de TV de pago por medios ilegales”, de acuerdo con un informe elaborado por BB Media y publicado por Alianza (Alianza Antipiratería Audiovisual) en noviembre de 2025. En el caso chileno, la estimación apunta a cerca de un millón de usuarios que consumirían servicios de IPTV ilegal.
El dirigente añadió que “el número de suscriptores residenciales de TV de pago en América Latina y el Caribe que acceden ilegalmente a señales de televisión de pago, sumado a la subdeclaración de suscriptores, supera al número de abonados de cualquier servicio legítimo de TV de pago en la región”. En términos económicos, se estima que las pérdidas por piratería digital en 2025 alcanzaron cerca de US$1.500 millones en Latinoamérica, con un impacto laboral estimado en 40.000 puestos de trabajo.
El caso Magis TV como síntoma estructural
Durante su presentación, Ramírez apuntó directamente al caso de Magis TV y a plataformas derivadas como Flujo TV y Xuper TV, las que describió como “plataformas ilegales de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), que retransmiten canales de TV en vivo, películas, radios y series sin los derechos de distribución, licencias o permisos de sus titulares”.
El impacto, sostuvo, no se limita a la televisión de pago. “Esto no sólo afecta el servicio de televisión, sino también a las radios, a proveedores de contenidos y a entidades de gestión colectiva como Chileactores y la SCD”, enfatizó. A ello sumó los riesgos directos para los usuarios, al advertir que estas plataformas presentan términos y condiciones confusos, potenciales robos de información, exposición de datos personales y bancarios, además de amenazas a la ciberseguridad del ecosistema digital.
Ramírez también puso el acento en la facilidad de acceso a este tipo de aplicaciones, muchas veces disponibles en tiendas reconocidas como Google Play u otros mecanismos ampliamente utilizados para la descarga de software, lo que —a su juicio— evidencia brechas relevantes en los sistemas de control actuales.
De la sanción penal a la protección tecnológica
A partir de este diagnóstico, Idicam propuso avanzar hacia un modelo de bloqueo dinámico a nivel industria, con soluciones técnicas orientadas a la prevención, detección y bloqueo selectivo —y no masivo— de aplicaciones ilícitas. En ese sentido, Ramírez citó que la autoridad competente podría disponer, mediante resolución fundada, “medidas técnicas proporcionales y temporales de bloqueo o restricción de acceso” respecto de plataformas que permitan de forma sistemática la elusión de medidas tecnológicas de protección, cuando ello sea indispensable para prevenir infracciones graves y reiteradas a los derechos de autor.
Asimismo, el gremio planteó que tiendas de aplicaciones, plataformas de alojamiento y motores de búsqueda asuman un rol activo mediante la remoción, desindexación o bloqueo de acceso a estos servicios. Otra propuesta relevante apunta a prohibir la importación, comercialización o distribución de dispositivos que incorporen software preinstalado destinado principalmente a vulnerar medidas de protección, con el objetivo de frenar el problema antes de su masificación y reducir la necesidad de persecución penal posterior.
Finalmente, Idicam propuso dotar de mayores herramientas a las policías para una persecución penal más efectiva, aumentar las penas asociadas a la violación de la propiedad intelectual y establecer una gobernanza público-privada que articule a todo el ecosistema digital en la detección y erradicación de estos ilícitos.
Ramírez cerró su exposición enfatizando que el desafío no pasa únicamente por endurecer las sanciones, sino por modernizar el enfoque regulatorio. “No se trata de castigar más, sino de proteger mejor”, sostuvo, subrayando la necesidad de combinar sanción, prevención y coordinación regulatoria en una arquitectura institucional acorde a la velocidad y complejidad del entorno digital actual.
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