La aspirante a diputada por el partido Ahora Nación, Jennifer Ponte, denunció este martes que está siendo víctima de una campaña de extorsión orientada a impedir su proyección política mediante la amenaza de difundir imágenes privadas obtenidas de una antigua cuenta en la plataforma OnlyFans. Según relató, dicho perfil fue creado durante la pandemia, luego de quedar sin empleo, y actualmente se encuentra cerrado.
En conversación con el portal de investigación Epicentro TV, la candidata que integra la fórmula encabezada por el exrector Alfonso López Chau aseguró que, tras hacer pública su postulación, comenzaron a operar presiones provenientes de lo que calificó como “operadores políticos”, quienes estarían utilizando su pasado en la plataforma digital como un mecanismo de descrédito y coerción.
“Me han extorsionado, me han pedido cinco mil soles. El día de ayer me han mandado un QR para que yo les deposite para que no publiquen estas fotos”, declaró Ponte, sugiriendo que detrás de esta maniobra estaría una persona vinculada al entorno político del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Respecto del modus operandi, la aspirante explicó que el mensaje extorsivo fue enviado desde un número telefónico extranjero que operaba mediante una red privada virtual (VPN), lo que dificulta identificar su origen real y, por ende, atribuir responsabilidades de manera directa.
Ponte precisó que al momento de inscribirse en Ahora Nación ya no mantenía ninguna cuenta activa en OnlyFans y que actualmente no participa de la plataforma. En ese sentido, contextualizó la apertura de su perfil en el año 2020 como una respuesta a la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria. “Yo trabajaba en el sector privado, en el área de marketing. Cuando llega esta pandemia, la empresa cierra y nos quedamos sin trabajo, como la mayoría de peruanos”, relató a Epicentro TV.
Según explicó, su incursión en OnlyFans estuvo motivada por la necesidad de generar ingresos para financiar un proyecto académico en el extranjero. “No tenía cómo pagar porque me había quedado sin trabajo. Entonces, esta plataforma me sirvió a mí para poder hacer unos pocos ahorros y pagar mi maestría, pues, en España”, señaló.
La candidata detalló además el tipo de contenido que compartía en la plataforma, subrayando que no se trataba de material pornográfico. “Yo publicaba imágenes, como pueden ver, no son imágenes desnudas, son imágenes con bikini, lencería, cosas así”, explicó, añadiendo que el sistema funcionaba a través de suscripciones cuyos ingresos eran depositados en su cuenta personal.
En ese contexto, Ponte defendió su derecho a la autonomía personal y rechazó lo que considera una estrategia de violencia política y digital. “Yo no soy una persona moralista, yo apoyo la libertad de las mujeres de decidir y hacer lo que quieran con su cuerpo. Estoy totalmente en contra de las amenazas, la coacción y la violencia que estoy sufriendo yo, el acoso en redes sociales a causa de gente que claramente son operadores políticos de otros partidos”, afirmó.
La aspirante anunció que iniciará acciones legales no solo contra la persona que la habría extorsionado, sino también contra quien reconoció poseer imágenes íntimas suyas sin consentimiento, en alusión directa a un simpatizante de López Aliaga.
En cuanto a su trayectoria, Ponte señaló que es titulada en Comunicación Audiovisual, cuenta con una especialización en marketing digital cursada en Madrid y que trabajó en el sector público en áreas de promoción empresarial con emprendedores del distrito de Los Olivos.
Finalmente, explicó que su decisión de ingresar a la política surge a partir de su experiencia laboral en el Estado. “Siempre me ha gustado la política, pero desde que yo entro a trabajar en el sector público, ahí me di cuenta cómo funcionaban las cosas y no me gustó el trabajo para nada”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la participación de nuevas generaciones es clave para impulsar cambios estructurales. De llegar al Parlamento, adelantó que buscará derogar las denominadas “leyes procrimen”, promover un referéndum para retornar a la unicameralidad y reforzar el marco legal de protección para mujeres víctimas de violencia.
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