Casi dos años estuvo al mando de la Fiscalía Regional de Tarapacá la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Pese a que aún le restaban seis años de mandato, la abogada de 54 años, nominada por el presidente electo José Antonio Kast para encabezar el nuevo Ministerio de Seguridad, dejó una gestión marcada por resultados de alto impacto en la persecución del crimen organizado.

Steinert asumió como fiscal regional en febrero de 2024 y durante ese período encabezó al menos cuatro investigaciones contra células del Tren de Aragua en la región de Tarapacá, lo que le permitió posicionarse como una figura clave en el combate contra esta organización criminal de origen venezolano.

Condenas ejemplares

La causa más avanzada culminó con la condena de 12 integrantes del Tren de Aragua, once de ellos a penas de cárcel efectiva, dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique. Los imputados fueron hallados culpables de delitos como secuestro, homicidio, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones y robos.

Entre los condenados figura Carlos Leandro González Vaca, alias “Estrella”, uno de los primeros líderes de la banda en Chile, quien recibió presidio perpetuo por secuestro con homicidio, además de 45 años adicionales por otros delitos. Steinert calificó en su momento las penas como “ejemplares”.

En la misma causa, Hernán Landaeta, alias “Satanás”, reconocido sicario de la organización, también fue condenado a presidio perpetuo. El juicio contó con la participación de más de 30 peritos y 224 testigos, muchos de ellos con identidad reservada, y derivó además en condenas superiores a 20 años de cárcel para dos mujeres por trata de personas con fines sexuales.

Tren de Aragua 2

La Fiscalía Regional de Tarapacá, bajo la dirección de Steinert hasta este martes, también lideró la investigación denominada “Tren de Aragua 2”. En esta causa se imputó al ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa”, como líder jerárquico de la organización y responsable del envío de drogas y múltiples secuestros ocurridos entre 2022 y 2023 en Los Vilos, Ovalle y Valparaíso.

Álvarez Núñez ingresó a Chile como turista en 2018, huyó del país y fue recapturado en julio de 2024 en Colombia, tras una alerta internacional emitida por Chile. La Corte Suprema colombiana aprobó su extradición el 31 de julio de 2025, la que finalmente fue autorizada por el gobierno del presidente Gustavo Petro a fines de noviembre, pese a intentos del imputado por negociar un acuerdo.

En esta investigación también se indaga una presunta vinculación del Tren de Aragua con negocios formales, como locales de venta de arepas, asociados al entorno de Larry Changa.

Nuevas células

Una tercera causa, conocida como “Tren de Aragua 3”, apuntó a la rearticulación de la cúpula de la organización tras sucesivas detenciones. En ella se investigó a células como “Los Piratas”, cuyos integrantes fueron detenidos y formalizados en mayo de 2024.

Según el Ministerio Público, este grupo buscaba controlar los terminales de Iquique y Alto Hospicio para facilitar el traslado de migrantes irregulares, además de cometer delitos como homicidios, secuestros, extorsiones, robos y amenazas.

En mayo de 2024, Steinert sostuvo que “desde las primeras detenciones realizadas en 2022, esta Fiscalía no ha dejado de investigar cómo el Tren de Aragua se reorganiza en distintas células para mantener el control territorial y asegurar sus ganancias criminales”.

El brazo financiero

En agosto del año pasado, la Fiscalía de Tarapacá dio a conocer una cuarta investigación, enfocada en el brazo financiero del Tren de Aragua. Según el Ministerio Público, la organización utilizaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptomonedas y otros mecanismos de lavado de activos para blanquear recursos provenientes de sicariatos, extorsiones, trata de personas y narcotráfico.

En un operativo inédito junto al Servicio de Impuestos Internos (SII), se logró la detención de 52 personas, quienes fueron formalizadas por el delito de lavado de dinero, marcando uno de los golpes financieros más relevantes contra la banda en Chile.

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