“Un estado de excepción no se puede ir normalizando”, decía en enero de 2022 el entonces Presidente electo, Gabriel Boric, afirmando que la medida acordada en el gobierno anterior no había sido una solución adecuada y que eso no serviría para alcanzar la paz en La Araucanía, por lo que una vez comenzado su gobierno no lo renovaría.

Hoy, La Araucanía y Arauco cumplen 365 días bajo estado de excepción, lo que lejos de ser una anomalía, se convirtió en una realidad habitual. No existe, desde el retorno a la democracia, un gobierno que haya utilizado de manera tan extendida esta herramienta para enfrentar un problema de inseguridad como el que se vive en la zona sur de nuestro país.

Muchas veces nos hemos referido a las reiteradas volteretas de nuestro Presidente que, a la larga, confirman un patrón de inconsistencia política e ideológica en las más diversas materias. Pero en temas de seguridad, y respecto de La Araucanía en particular, es difícil encontrar una materia donde esta inconsistencia quede más en evidencia y donde hasta hoy no hay una explicación coherente del gobierno para explicar esa contradicción evidente.

Tanto así, que cuando el Presidente Boric, cuando era diputado, afirmó que “nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur” al rechazar con su voto el estado de excepción. Es legítimo preguntarse, ¿qué receta distinta ha planteado el Presidente Boric para enfrentar la emergencia? ¿Hasta cuándo se puede prolongar la limitación de las libertades civiles y el abuso de facultades extraordinarias en un territorio sin un camino concreto de salida a la crisis que enfrenta?

En las elecciones de consejeros constitucionales, hace dos semanas, siete de cada 10 habitantes de La Araucanía votaron por candidatos de la oposición, en una clara señal de rechazo a la gestión del gobierno y a las medidas que han implementado para enfrentar los problemas más urgentes en la zona. La Región de La Araucanía sigue siendo por lejos la que tiene la mayor tasa de pobreza, superando el 17%, y la única respuesta concreta para revertir la crisis social y económica ha sido el llamado Plan Buen Vivir que no ha cumplido las expectativas trazadas ni ha generado avances concretos.

Gabriel Boric lleva 432 días como Presidente y ha estado menos de 48 horas en una de las regiones más abandonadas y complejas de nuestro país. Esto quiere decir que, para este gobierno, el millón de chilenos que viven en esa región no son tan importantes ni sus problemas tan apremiantes como para tomárselos en serio.

La masiva derrota electoral que sufrió el gobierno, y la coalición que lo sustenta, tiene muchos factores y circunstancias que la explican. Pero quizás el sello distintivo de esa derrota se deba a la profunda desconexión que tienen el Presidente y su equipo con los problemas urgentes de la ciudadanía y que no parecen estar en la agenda de gobierno. Los que creen que las urgencias de La Araucanía se resuelven solo con la renovación de un decreto cada 15 días o con un plan “por cumplir” que intenta implementar el gobierno, no están comprendiendo ni sintonizando con la sensación de abandono y desesperación que viven miles de chilenos. Un primer paso sería salir de la burbuja de La Moneda y conocer de primera fuente la realidad, para empezar a hablar con más propiedad y conocimiento del tema.

/escrito por Cristián Valenzuela para La Tercera

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