Once de los 12 indultados -en causas relativas al estallido social- por el Presidente Gabriel Boric, eran caras conocidas en los cuarteles policiales, desde hace largo rato. Cuando “cayeron” en medio de protestas, saqueos o incendios durante las manifestaciones entre el 18 de octubre de 2019 y sus meses posteriores, ya sabían lo que era calzarse las esposas y entrar a una celda.
Quien encabeza el “ranking” de condenas y detenciones es Luis Castillo Opazo (37), cuyo caso es sindicado como uno el que hubo una serie de “desprolijidades” del Ejecutivo al momento de otorgar este beneficio. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, incluso, al ser consultada por su situación puntual, sentenció: “Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”. Su declaración, lejos de cerrar el tema, le abrió más flancos de críticas a la gestión de La Moneda en el tema.
Sin embargo, este no es el único caso, pues entre todos los indultados suman 52 detenciones previas y la mitad de quienes eran conocidos como presos del estallido -seis personas- cuentan con condenas por delitos distintos a los que fueron sentenciados en el estallido social.
Ambas situaciones, condenas y detenciones previas, no son lo mismo, pues un arresto no necesariamente deriva en una formalización, juicio y posterior sentencia. La Tercera PM desglosó los antecedentes de los seis indultados que contaban con una sanción penal.
Los antecedentes penales de estos indultados nuevamente complican al gobierno. Esto debido a que en su vocería del lunes, la ministra Vallejo explicó que el Mandatario dio la instrucción de que quienes estuvieran en la nómina no los tuvieran: “El segundo criterio que fijó el Presidente era que en la carpeta se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido. Efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de prolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio Presidente de la República”, dijo.
- Luis Castillo Opazo (37): Cuenta con cuatro condenas: hurto simple (2005), lesiones menos graves (2006) y dos por robo, una en 2007 y la otra en 2017. En cuanto a sus antecedentes policiales, registra 16 arrestos por parte de Carabineros: tres por desórdenes en Copiapó, dos por desacato, una por robo con violencia, cuatro por hurto, una por amenazas, una por robo con intimidación, dos por consumo de alcohol en la vía pública, una por ebriedad y una por violencia intrafamiliar contra una mujer, en 2016. Un dato más: en julio de 2021 fue sancionado por Gendarmería por ingresar un celular a su celda y subir videos. Fue castigado con 30 días sin recibir visitas.
- Sebastián Montenegro Coo (25): Al igual que Castillo, ambos fueron los últimos en ser indultados, tras la serie de errores del gobierno en comunicar el beneficio. Además, tienen otra coincidencia: es el segundo del listado en tener más detenciones policiales. Carabineros lo mantiene en sus registros con 12 aprehensiones, donde destacan delitos de desórdenes, consumo de alcohol en la vía pública, robo de vehículo, infracción a la Ley de Drogas, robos con violencia y un robo frustrado. En cuanto a su antecedentes penales, tiene una condena en 2018 por receptación.
- Juan Olguín Rivera (31): Es conocido como “el Criatura” y registra cinco detenciones policiales, además de una denuncia por amenaza a su expareja, en 2014. En cuanto a su situación procesal, registra una condena por manejo en estado de ebriedad.
- Bastían Campos Gaete (22): Fue condenado por porte de artefacto explosivo y robo en lugar no habitado, ambos delitos por los cuales recibió el beneficio de indulto. Sin embargo, previo a eso, había sido sentenciado por los delitos de microtráfico de drogas y hurto simple. En cuanto a sus “pasadas” policiales, en 2018, fue detenido por Carabineros por delitos contemplados en la Ley 20.000 (drogas) y receptación.
- Jordano Santander Riquelme (38): Es uno de los dos indultados que fueron condenados por homicidio frustrado contra funcionarios policiales de la PDI. En su caso, registra una sentencia previa por el delito de robo en lugar no habitado, en 2005 y un arresto por Carabineros por permanecer en estado de ebriedad en la vía pública en 2006.
- Brandon Rojas Cordero (22): Se le sindica como uno de los miembros de la “primera línea” en Iquique y como protagonista de una serie de desórdenes en el centro de la ciudad durante el estallido social. Fue condenado a 5 años y 1 día por los delitos de lanzamiento de artefacto explosivo de tipo bomba molotov y porte de artefacto explosivo. Registra una condena por desórdenes públicos y tres detenciones por este mismo ilícito.
En tanto, Matías Rojas Marambio (22) es el único de los indultados que no registra una detención por Carabineros, distinta a hechos asociados al estallido social.
/psg
