La política argentina se zambulló, hace dos semanas, luego de las elecciones autonómicas en España, en un juego de semejanzas y diferencias con la campaña de ese país. La fortaleza de la derecha, la fragilidad de la izquierda, el crecimiento de la extrema derecha, el oficialismo que se desgrana, la oposición que se ilusiona. Todo sirvió para construir un caprichoso espejo.
Si la política local quiere seguir con ese juego para indagar en el futuro y descifrar qué riesgos tendrán los primeros años del próximo presidente argentino, debería mirar más cerca, de este lado del Atlántico.
Después de todo, la Argentina no solo comparte continente con Brasil, Chile, Ecuador o Colombia sino también contexto: economías estancadas, sociedades irritadas e impacientes, Estados incapaces de solucionar problemas, prosperidad esquiva, desigualdad tenaz, crimen organizado creciente, partidos tradicionales en riesgo y fragmentación política. Es mucho más de lo que tiene en común con España.
En los últimos dos años, cinco de los seis países más grandes de América del Sur –Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador- eligieron nuevos presidentes. Los oficialismos, atados al destino de la pandemia, fueron derrotados y el cambio de signo político y dirección fue, en la mayoría de los casos, rotundo. Pero la renovación resultó tan desafiante como la gestión de coronavirus, recesión y descontento en los años anteriores.
Hoy uno de esos jefes de Estado está en prisión, acusado de idear un autogolpe (Pedro Castillo). El resto está en problemas, no importa si es de izquierda o de derecha o si lleva unos pocos meses o más de un año en el cargo. Todos navegan como pueden esta era de popularidad presidencial tan baja como el crecimiento económico.
Este año, la Argentina se suma a esos países con los aires de cambio. El o la candidata que triunfe en las presidenciales podrían prestar atención a los errores –muchos no forzados- que acosan y debilitan a los mandatarios de la región.
1. Ignorar los “votos prestados”
Al presidente Gustavo Petro, el milagro de los niños del Guaviare y la negociación de un alto al fuego con la guerrilla del ELN le dieron un respiro de las dos peores semanas desde que asumió, en agosto pasado. La polémica de las escuchas de la niñera de su ex jefa de despacho, Laura Sarabia, derivó en un escándalo que obligó a Petro a desprenderse de dos funcionarios claves –la propia Sarabia y Armando Benedetti, hasta hace días embajador colombiano en Venezuela- y reanimó las suspicacias sobre quién financió su campaña presidencial, con las miradas apuntando a Nicolás Maduro.
Pasaron apenas diez meses desde que el exguerrillero, diputado y alcalde de Bogotá, se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia. En ese momento, todo era para él ilusión y éxito. Acababa de derrotar a Rodolfo Hernández, un outsider un poco de derecha, un poco de izquierda y de inocultables rasgos populistas, en el ballottage y su popularidad era tal que hasta los partidos que antes recelaban de él le dieron su apoyo legislativo.
Con 70% de aprobación, un gabinete multipartidario y una amplia coalición parlamentaria, Petro se comprometió entonces con las reformas de la salud, las jubilaciones y la educación, que miles de colombianos reclamaron en las movilizaciones de 2019 y 2021.
Pero, en el camino, comenzaron los problemas. Las reformas se trabaron, un escándalo de presunta corrupción sacudió a Nicolás Petro –hijo del mandatario- y el gobierno empezó a desdibujarse. Enojado, el presidente eligió la vía de la radicalización y echó de su gabinete a los ministros más moderados y de otros partidos, incluido el de Hacienda, José Antonio Ocampo, que le había permitido a Petro ganarse el apoyo del establishment económico.
Hoy, debilitado, con 33% de aprobación (según Invamer) y sin una mayoría viable en el Congreso, Petro se ve obligado a presionar pos sus reformas desde la calle, como si fuera un militante más que un presidente.
“Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente un delirio que ya pasó y que dejó un presidente abandonado en su palacio”, dijo, el miércoles pasado, mientras encabezaba una marcha en su propio favor.
El presidente ganó el año pasado, no quedan dudas; se impuso en el balltotage con el 50,44% de los votos contra el 47,3% de Hernández. Para los analistas y la oposición, esa pequeña ventaja lejos está de otorgarle a Petro el mandato popular que él reclama e incluso atenta contra su gobernabilidad.
“La gobernabilidad de Petro depende de otros partidos. Y el presidente está cometiendo el mismo error que Iván Duque [su predecesor, ante quien perdió en 2018], que pensó que el ganador era él cuando la gente en realidad había votado en contra de Petro. Acá el presidente cree ganó él pero los colombianos votaron porque no querían a Hernández de presidente. No fue un cheque en blanco para Petro sino una oportunidad de formar coaliciones”, advierte, en diálogo con LA NACION, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.
Esas coaliciones son cada vez más lejanas y a Petro, con bancadas grandes pero no mayoritarias en la Cámara de Representantes y el Senado, gobernar se le hace cuesta arriba. Los “votos prestados” en segunda vuelta fueron decisivos no solo en el ballotage de Colombia. En Brasil, le sirvieron a Lula para formar un “frente democrático” y derrotar a Jair Bolsonaro. En Ecuador, Guillermo Lasso los usó para ganarle al correísmo, representado por Andrés Arauz. En Chile, fueron necesarios para que Gabriel Boric venciera al candidato que se emparentaba con la dictadura de Pinochet, José Antonio Kast. En esta Argentina que las encuestas describen dividida en tercios de intención de voto, la segunda vuelta tendrá también como protagonista a los “sufragios prestados”, no importa quién protagonice esa instancia.
Esos votos traen mensajes y necesidad de acuerdos; ignorarlo es una apuesta de alto riesgo, como lo experimenta hoy Petro.
2. Calcular mal cuánto cambio es cambio
Con 55,9% de los votos contra el 44%, Boric derrotó a Kast por una ventaja ampliamente mayor que la de Petro sobre Hernández. En el camino de la primera a la segunda vuelta, duplicó prácticamente sus sufragios, un logro que le permitió llevar a la izquierda más extrema a la Moneda y cortar con la alternancia del poder entre centroizquierda y centroderecha.
Votos prestados y cambio, rasgos que Boric, el dirigente estudiantil que se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del siglo en todo el mundo, comparte con Petro. Sin embargo, la trampa en la que cayó el mandatario chileno no fue en la ambigua lectura de los votos prestados sino en la lectura de cuánto cambio es cambio.
La aprobación de Boric superaba ampliamente a su rechazo cuando el mandatario asumió, en marzo del año pasado. Pero allí comenzaron los problemas, potenciados por la falta de experiencia de gestión ejecutiva y legislativa de Apruebo Dignidad, la coalición que encabeza. Se sucedieron los errores no forzados del gabinete, en especial de su entonces ministra de Interior, Izkia Siches, y la popularidad comenzó a caer.
La Convención Constituyente, que buscaba dar respuesta a la demanda de cambio expresada por los chilenos en las movilizaciones de octubre de 2019, y el plebiscito de septiembre terminaron por desplomarla. Los escándalos y las internas gobernaron durante meses a la Convención, dominada por la izquierda, y desgastaron su legitimidad.
El texto final le propuso a Chile un vuelco total, con un Estado plurinacional, con sistemas judiciales para los pueblos originarios y con la eliminación del Senado, entre otras cosas. Sordo a las críticas crecientes, Boric eligió identificarse con ese borrador de Carta Magna y depositó allí su capital político.
La derrota, en el plebiscito de septiembre, fue tan estrepitosa (62 contra 38%) que aún hoy el presidente debe esforzarse para que esa sombra no eclipse ni silencie sus aciertos, como la gestión de los incendios de febrero o el superávit fiscal que su gobierno logró, el primero en una década.
Como Boric y la izquierda chilena, varios candidatos proponen en la Argentina una transformación radical. Calcular mal la dimensión del cambio que reclaman puede ser tan peligroso como no cambiar en lo absoluto.
3. Distraerse y correr por detrás de los problemas de fondo
Boric y Petro comparten otro rasgo: sea por internas o por reproches de socios extrapartidarios, sus alianzas legislativas no resistieron y sus reformas más emblemáticas fueron paralizadas.
En Ecuador, Guillermo Lasso, cuyo bloque legislativo era uno de los más chicos, ni siquiera logró formar alianzas. Y hoy su mandato se acerca al final, luego que aplicara, en mayo, la “muerte cruzada”, un mecanismo que le permite disolver el Congreso, evitar el juicio político, gobernar seis meses por decreto y convocar a elecciones anticipadas. Neutralizó a sus enemigos, pero se quedó sin presidencia, apenas dos años después de haber asumido.
La disputa política desgastó y distrajo tanto a Lasso que el presidente se quedó sin capital alguno a mitad de mandato. Apenas tenía respaldo legislativo y la calle –o los ecuatorianos en general- se alejó del presidente, más preocupada por sobrevivir a la crisis de seguridad que a la crisis política.
La inseguridad de Ecuador no nació durante la presidencia de Lasso. El país se convirtió hace varios en una “superautopista de la droga” y punto de salida hacia Estados Unidos y Europa de los cargamentos provenientes de Colombia. Como en todo América Latina, varios grupos se disputan el control del tráfico, del lavado de dinero, del dominio de las cárceles.
El crimen se convirtió en un emporio en Ecuador y todo el país se estremece a su ritmo. En 2019, hubo 1187 asesinatos en esa nación; en 2021, 2496; y en 2022 esa casi se duplicó y llegó a 4603, según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. Hoy Ecuador está en el top 5 de los países con mayor tasa de homicidios en América latina, el continente con mayor nivel de inseguridad del mundo.
Sin respaldo legislativo, Lasso hizo frente a la crisis de seguridad con decretos y con medidas destinada a apagar el fuego más que a prevenirlo: militarización de las calles, clasificación de los grupos criminales como organizaciones terroristas, liberalización de armas.
“Una de sus principales promesas de campaña fue atacar la inseguridad. Pero no hubo una propuesta de seguridad preventiva y más integral, que incluyera políticas sociales o carcelarias. Además, la crisis política siempre fue el marco en el que se atendió la crisis de seguridad. Los grupos delictivos se aprovecharon de esta limitación del gobierno para ganar más espacios”, explica, en diálogo con LA NACION, Glaeldys González Calanche, especialista en Ecuador del International Crisis Group.
La debilidad de origen de Lasso boicoteó su política de seguridad y, a su vez, esta alimentó su aislamiento político. “La oposición le cuestionaba su legitimidad de desempeño respecto de la seguridad”, añade González Calanche.
Lasso muestra que cuando la política y los problemas diarios de la sociedad caminan por vías paralelas, el costo es alto para la una y los otros.
4. Leer la realidad con un exceso de confianza
Debilidad de origen no es un problema que Lula creyó tener cuando asumió su tercer mandato presidencial, a comienzo de este año. El jefe de Estado derrotó al su rival y antecesor, Jair Bolsonaro, por menos de dos puntos porcentuales, en el ballottage de octubre pasado. Y en la crítica Cámara de Diputados la derecha se quedó con la mayor cantidad de escaños.
Sin embargo, recostado en sus famosas habilidades políticas, Lula confió, desde un principio, en que podría negociar con el centrao, un bloque tan numeroso como cambiante, para asegurar sus reformas y su gestión. Con la misma fe en sí mismo, Lula supuso que el mundo y, sobre todo Occidente, que tanto había celebrado su victoria, recibiría sin críticas sus coqueteos con Rusia y China.
Las últimas tres semanas les dieron a Lula señales de que, tal vez, leyó mal la realidad política brasileña y el ajedrez global. Con enorme dificultad y costo, logró que Diputados aprobara su ampliación del gobierno mientras que Europa, Estados Unidos y parte de América del Sur le reprochan sin tapujos su cercanía a Moscú y Pekín y sus elogios a Nicolás Maduro.
La popularidad de Lula aún no sufrió el impacto de esos pasos en falso y se mantiene baja pero estable. El desafío que le queda al presidente es develar cuánto margen más tiene para jugar al límite. Parece que no mucho. Y le restan tres años y medio de mandato.
