El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) informó este lunes que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$100 millones para apoyar la agenda de Gobierno Digital, operación que busca incrementar la eficiencia y equidad en la prestación de servicios a la ciudadanía a través de la transformación digital del Estado tanto a nivel central, como en regiones y municipios.
Con estos recursos, Chile busca aumentar la adopción de servicios digitales del Estado con enfoque ciudadano y mejorará la efectividad del gasto e inversión pública en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), beneficiando a la ciudadanía en general que tendrá acceso a mejores y más eficientes servicios públicos.
Se estima que, entre 2019 y 2021, la digitalización de trámites generó un ahorro de US$154 millones para las personas por concepto de transporte, y de US$259 millones para el Estado por la reducción de gastos en atención presencial. Sin embargo, aunque el 89% de los trámites gubernamentales están digitalizados para la ciudadanía, el 43% de estos aún no está totalmente desarrollado a nivel interno en las entidades.
Es decir, gran parte del trabajo que hacen los funcionarios públicos se sigue haciendo de forma manual, lo que significa que hay espacio para profundizar la transformación digital de los procesos internos y desbloquear mayores beneficios.
Para el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, este préstamo significa un apoyo necesario para cambiar la relación del Estado con la ciudadanía. «Con la transformación digital apuntamos a un cambio cultural, a cambiar la manera en que el Estado se relaciona con las personas. Un Estado más cercano, confiable y oportuno, con equipos que se atreven a mirar sus procesos, repensarlos y simplificarlos para entregar cada día un mejor servicio», dijo.
Chile ha hecho importantes avances en materia de transformación digital del Estado. No obstante, el país se encuentra detrás de algunos de sus pares latinoamericanos y otras economías más avanzadas. En el Índice de Gobierno Digital de la OCDE de 2019, obtuvo una puntuación de 0,411, promedio menor al de los países del bloque (0,501). También fue superado por Uruguay y Brasil.
Dentro de las áreas a mejorar, se encuentran el fortalecimiento de las capacidades para diseñar e implementar servicios digitales con enfoque ciudadano, la adopción de tecnologías para la transformación digital del Estado y la eficiencia de la inversión en TIC.
Por su parte, la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, señaló que «tenemos un gran desafío en torno a la construcción de una visión estratégica de largo plazo, que sea significativa para la democracia y servicios públicos, en materia de transformación digital. No es tecnología en sí, es transformación que orquesta muchos componentes, tecnológicos y no, pero que encuentra oportunidades únicas en las herramientas digitales. Este préstamo aporta en esa línea».
¿Cómo operará?
Para avanzar en estos frentes, esta operación se ejecutará a través de tres componentes: El primero apoyará el desarrollo y despliegue tecnológico de las plataformas digitales, impulsando su adopción y uso. El segundo impulsará un nuevo modelo de gobernanza, gestión y evaluación de la inversión pública en TIC.
Ello promoverá la alineación con las prioridades estratégicas del Estado y el monitoreo de desempeño. Y el tercer aspecto incorporará innovaciones en la gestión y el seguimiento de proyectos TIC, gobernanza de datos y estrategias de ciberseguridad, con un enfoque inclusivo.
El préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años e incluye un período de gracia de cinco años y medio, con una tasa de interés basada en la Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
/psg
