El fiscal nacional, Ángel Valencia, hizo esta mañana un balance de sus primeros meses en el cargo, después de una larga trama para que se ratificara en el Parlamento al sucesor de Jorge Abbott. Pero también analizó algunos de las principales preocupaciones que hoy dicen relación con la violencia rural y los atentados en torres de alta tensión que se han registrado.
«Ha habido un periodo de orden en la casa, de abrir las ventanas, de que entre aire más fresco, de levantar los ánimos, porque el periodo previo a la designación fue muy duro», dijo Valencia esta mañana en conversación con Tele13 Radio.
Esto, sostuvo, «porque los fiscales y funcionarios tienen un trabajo bien exigente y demandante emocionalmente. Y cuando se ve que durante meses los postulantes están sufriendo ataques inapropiados o que muchos construyen su postulación sobre desconocer lo que ha hecho, eso duele, daña el ambiente interno», comentó.
Según comentó, lo que han planteado a la comisión de expertos -que recientemente entregó la propuesta de texto constitucional a los consejeros constituyentes-, es que el Ministerio Público cumplió en los últimos 25 años con los fines que se perseguían, «entonces, es relevante distinguir qué es lo que no tiene que cambiarse, porque ha funcionado bien, y qué puede mejorarse. La designación del fiscal nacional es un aspecto que tiene que mejorarse. Daña mucho a la institución un proceso como el que se vivió. No podemos tener un sistema de designación donde el proceso se retarde tanto como este se retardó».
Violencia rural y ataques a torres de alta tensión
El pasado 15 de junio, el Presidente Gabriel Boric convocó a miembros de los tres poderes del Estado para analizar y acordar decisiones a raíz de los ataques con explosivos que se registraron los días previos en el puente Itata, en la Región del Ñuble, y en torres de alta tensión ubicadas en las regiones de Valparaíso y el Biobío.
En esa línea, el fiscal nacional dijo hoy que estos hechos se están investigando de manera reservada, pero que «tienen características comunes que justifican que los estén llevando un equipo que ha investigado bombas durante los últimos años», en la Fiscalía Metropolitana Sur.
Uno de esos rasgos tiene relación con que representan un «desafío distinto» respecto a lo que se venía investigando hasta ahora; es decir, incidentes urbanos, puesto que ahora son bombas que han sido instaladas en zonas rurales, «y eso representa un desafío probatorio adicional, puesto que no tenemos lo que sí tenemos en las zonas urbanas, como cámaras de vigilancia o rastreo de las tarjetas Bip!, y otros elementos electrónicos que nos ayudan a dar con los paraderos de los autores. En medio del campo es más difícil encontrar esos indicios, pero los vamos a encontrar».
«Son atentados contra la infraestructura crítica, gracias a Dios no ha habido personas afectadas en su integridad física o en su vida. Pero no cabe duda que la situación es preocupante», comentó.
Por otro lado, al ser consultado por los actos reivindicatorios que se han registrado en la Macrozona Sur, el fiscal precisó que «hemos dejado de hablar de delitos asociados al conflicto mapuche y hablamos de delitos asociados a violencia rural, porque no queremos estigmatizar».
«Además, hablar de violencia rural permite explicar mejor en el marco en que estos se producen, ya que la mayoría de los presos están detenidos por delitos comunes. Y cuando se los hace parte de un pueblo originario se les tilda de presos mapuche», comentó.
Crimen organizado de origen externo
Consultado por los miembros del crimen organizado que se han instalado con fuerza en el país- como el Tren de Aragua-, el fiscal recordó que esta es «una actividad empresarial, pero de manera ilícita, tóxica, que daña la democracia y nuestra forma de convivencia. Nosotros no habíamos enfrentado un desafío, desde el punto de vista de la persecución penal, como el que implica perseguir a organizaciones criminales que tienen su dirección del extranjero y que se ramifican a lo largo del país».
«Las organizaciones criminales ven una oportunidad de negocio y entran a esos lugares, entonces esto de que se expande es verdad si advierte que tenemos debilidades y si hay oportunidad de negocios. Pero advertimos como trabajan, sus modus operandi, estamos seguros que le vamos a pegar duro y les vamos a ganar», afirmó el fiscal.
Al ser consultado por las formas en que se les puede «pegar» a esos grupos y combatirlos, Valencia subrayó que la cooperación internacional es clave. «Para estas redes, las fronteras son ventajas para asegurar impunidad, porque las perciben como un límite a la persecución que nosotros hacemos, por eso la cooperación internacional entre estados es crítica».
En ese sentido, reconoció que se debe «profundizar» en esa persecución. «La relación con Venezuela es crítica en ese sentido, ojalá pudiéramos tener un mayor vínculo con Venezuela; nos reunimos con el canciller para transmitirle esta inconveniencia desde el punto de vista de la fiscalía para tener un mejor vínculo con la fiscalía de Venezuela (…) Hemos tenido vínculos a propósito de operaciones de trata de personas donde ciudadanos venezolanos han sido víctimas, pero nos cuesta más cuando se trata de tener antecedentes penales o antecedentes para la identificación de imputados».
Con todo, el titular del Ministerio Público descartó referirse a la política migratoria, aunque reconoció que «implica una dificultad adicional».
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