En conversación con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la decisión del Primer Juzgado Civil de Antofagasta de retener los bienes de Democracia Viva -que celebró millonarios convenios con el Minvu- tras una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante la negativa inicial de la fundación a restituir los fondos no rendidos.
“El no haber accedido a hacer una devolución administrativa en modo voluntario, obligó al Estado a ejercer las acciones, hoy día tienen que responder ante tribunales y de no hacerlo no solo arriesgan responsabilidad civil sino que también responsabilidad penal, con los fondos públicos no se juega”, advirtió el titular de Justicia en entrevista con Infinita.
En el caso de Democracia Viva, la institución ligada a militantes RD firmó tres convenios con el Ministerio de Vivienda por un monto total de $426 millones, lo que hizo estallar el escándalo y dio paso a las investigaciones de la Fiscalía en este tipo de contratos.
Sin embargo, la fundación interpuso un recurso de reposición con el objeto de evitar devolver los dineros a la Seremi de la cartera en Antofagasta, que ascienden a 391 millones de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022 y que no habrían sido rendidos por la fundación.
Como respuesta, este jueves el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un recurso al Primer Juzgado Civil de Antofagasta para solicitar la retención de bienes y los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación representada por el exmilitante RD Daniel Andrade, petición que fue acogida por el tribunal.
El ministro, además, ayer confirmó la ausencia de boletas de garantía en una cantidad no determinada de convenios suscritos entre el Minvu y diversas fundaciones, que hoy están en el ojo del huracán debido a irregularidades y posibles conflictos de interés en la suscripción de contratos con el Estado.
Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que la ausencia de esos documentos de caución no impide que se deban restituir los fondos no rendidos por las fundaciones, en caso de que se deje sin efecto el convenio suscrito.
“El caso Democracia Viva es un caso de irregularidad completa: es un caso que tiene conflictos de interés al momento de suscribirse, es un contrato que se transfiere una cantidad de recursos a una fundación que tiene meses, no tiene historia; es un contrato donde no se presenta plan de trabajo, donde no hay mecanismos de control adecuado”, enumeró Cordero.
Y agregó: “Más allá de los defectos de la transferencia, cuando están los fondos públicos comprometidos, el Estado tiene que hacer todo lo posible por recuperarlos y ejercer las acciones para que quien los retiene indebidamente los devuelva. Y eso implica acciones civiles o acciones penales en el caso de que no se reintegren”.
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