El Gobierno de EE.UU. reiteró que está dispuesto a levantar las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto sobre Venezuela, si el Gobierno del presidente Nicolás Maduro da «pasos concretos» en asuntos demandados por Washington, como la definición de las reglas que regirán las venideras elecciones presidenciales, previstas constitucionalmente para 2024.
«Vemos que los Estados Unidos no puede ser un actor político en Venezuela, sino que (…) apoyamos diálogos entre venezolanos y ofrecemos aliviar la presión de sanciones en base a pasos concretos», sostuvo este jueves Juan González, asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental.
En su perspectiva, la Administración de Joe Biden está tratando de buscar otro rol en la diatriba política venezolana y de explorar «otra ruta» que implique el abandono de la política de «presión máxima», la cual fue implementada por el expresidente Donald Trump (2017-2021).
Las interferencias de EE.UU en el diálogo
Caracas denuncia que desde 2015, EE.UU. ha impuesto, con el apoyo de la Unión Europea, 929 sanciones económicas y financieras, que se han traducido en pérdidas en el orden de los 232.000 millones de dólares, de acuerdo con cifras ofrecidas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el pasado 21 de abril.
A inicios de enero de 2023, Washington amenazó a Venezuela de mantener «intacta» su política de sanciones y bloqueos, hasta tanto no se dieran «pasos concretos» hacia lo que consideran «el regreso a la democracia» del país suramericano.
Maduro, de su lado, acusó al Gobierno estadounidense de torpedear el diálogo con el sector radical de la oposición aglutinado en la así llamada ‘Plataforma Unitaria’, al negarse a liberar 3.200 millones de dólares que serían destinados a la atención de necesidades sociales urgentes, de conformidad con un acuerdo suscrito en México en noviembre de 2022.
Asimismo, Caracas calificó de «escándalo internacional sin precedentes» y anunció acciones legales contra la licencia 42 emitida por la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que permitió «el remate judicial» de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en EE.UU., para destinarla al grupo radical de oposición, vinculado al exdiputado Juan Guaidó y a la ‘Plataforma Unitaria’.
A la víspera de la Conferencia Internacional sobre Venezuela organizada por su homólogo Gustavo Petro en Bogotá, el dignatario condicionó su regreso a la mesa, entre otros puntos, al levantamiento incondicional de todas las coerciones y la devolución de todos los activos de la República confiscados en el extranjero.
De acuerdo con versiones que circularon, en la cumbre celebrada en la capital colombiana no se suscribió una declaración final debido a la negativa de EE.UU. a firmarla y, en su lugar, se recomendó el fin de las sanciones, el reinicio de las conversaciones de México y la construcción de una hoja de ruta electoral.
«Reanimar el diálogo de Bogotá»
Aunque inicialmente se interpretó que la Conferencia había fracasado, Maduro anunció este martes desde Brasilia que en fecha próxima recibirá a los cancilleres de las naciones que participaron del encuentro, con el objetivo de retomar los intercambios con sus adversarios políticos.
«Hay que reanimar el espíritu del diálogo de Bogotá, donde asistieron 20 países. Mantenerlo vivo, pronto voy a recibir un grupo de cancilleres de los países participantes del diálogo», dijo a los medios.
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