En una sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Constitucional, la mañana de este jueves, se hizo vista de la causa por el requerimiento del Senado que busca impugnar en el decreto que crea la Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominada Comisión Asesora Contra la Desinformación.
Tras la exposición del relator José Francisco Leyton se iniciaron los alegatos de las partes.
El abogado Arturo Fermandois Vöhringer, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho UC, expuso a nombre de los senadores reclamantes.
“La desinformación es un abuso que genera responsabilidades”, planteó el jurista de entrada en su presentación. A su juicio, los informes de la comisión se pueden considerar un castigo. En esa línea, señaló que la comisión “se rotula asesora, pero no es asesora”.
El requerimiento surgió a partir de un proyecto de acuerdo de senadores del Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli y Demócratas que acusa que el decreto que crea la comisión “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
A principios de agosto, en votación dividida, el Pleno del TC declaró admisible el requerimiento.
En defensa del gobierno alegó la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y exministra Paulina Veloso Valenzuela.
La jurista rebatió el cuestionamiento que se hace a la evacuación de informes por parte de este tipo de entidades, recordando, por ejemplo, el trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. “Ocurre que el Presidente tiene una responsabilidad como colegislador”, planteó la abogada, indicando que el Mandatario ejerce esa labor reuniendo información, en este caso sobre el fenómeno global de la desinformación.
Veloso sostuvo que el argumento central del requerimiento era “la conjetura de eventualmente lo que puede prevenir de este informe tenga una potencia tal que inhiba ideas”.
Tras ambas exposiciones, no hubo preguntas de los ministros.
Luego, resolvieron posponer la adopción de acuerdo del requerimiento.
“El acuerdo será adoptado en la Sesión de Pleno del Tribunal Constitucional del martes 22 de agosto de 2023″, informaron.
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