El pasado domingo 13 de agosto venció el plazo de 30 días que la Fundación Democracia Viva tenía para restituir los $391 millones por tres convenios a los que la seremi de Vivienda de Antofagasta le puso término anticipado. Esto, luego de que la instancia constatara graves incumplimientos a los contratos por parte de la ONG encabezada por Daniel Andrade (ex RD).
Sin embargo, a la fecha, dicha entidad sólo ha restituido el 75% de esos dineros, los que corresponden precisamente a los fondos que mantenían en la cuenta bancaria que les fue congelada a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Por lo mismo, y dado que desde el Ejecutivo han insistido en que buscarán que el 100% exigido sea devuelto a las arcas fiscales, el organismo encabezado por Raúl Letelier Wartenberg ultima los detalles de una nueva arremetida.
Como pudo constatar La Tercera se trata de una demanda civil en contra de la citada fundación, con miras a que, por la vía judicial, devuelvan los $96 millones restantes. Esto, pese a que dicha ONG ya interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la que exigen que se realice un nuevo proceso de liquidación de los suspendidos convenios.
Esto, ya había sido adelantado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien expuso que “si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras, así que en eso, el resguardo, como ha dicho el ministro Carlos Montes, del último peso transferido se realizará. Y si no lo hacen convenientemente, bueno, será con las acciones civiles y penales que correspondan”.
Es el Comité Civil presidido por la abogada Paulina Veloso el que está a cargo de definir los detalles de esta acción, pero de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, el punto se zanjaría entre el 23 y 24 de agosto.
Esta, en todo caso, no es la única fórmula que está analizando dicha instancia, integrada además por Carlos Mackenney y Ana María Hübner, pues también están ponderando nuevas medidas precautorias en torno al caso lío de platas.
Nuevas retenciones
Conforme a antecedentes que pudo conocer La Tercera, desde el Ejecutivo se pidió al CDE repetir la acción prejudicial realizada en torno a Democracia Viva con otras dos fundaciones con las que también se determinó poner término anticipado a convenios: EnRed y Arquiduc.
La idea, tal como fue con el fundación liderada por Daniel Andrade, es que se presente una medida cautelar con el fin de retener los bienes de las mencionadas ONG, sin previa audiencia o notificación de dicha fundación. Todo, basado en los antecedentes que hasta ahora ha recabado el Ministerio de Vivienda y que dan cuenta de graves incumplimientos a los contratos fijados.
Esto se sostendría, además, debido a que desde el gobierno estiman que habría riesgo evidente de que estas fundaciones no cumplan con la obligación de restituir los millonarios montos que en su momento se les entregaron.
Como ha constatado el equipo al que el ministro Montes le encargó examinar los convenios suscritos por las secretarías ministeriales regionales de la cartera, ambas ONG incumplieron disposiciones fijadas en los respectivos contratos, no hicieron las rendiciones que correspondían ni cumplieron con las etapas estipuladas en los mismos.
¿Más querellas?
Hasta ahora, el CDE ha definido querellarse respecto de los incumplimientos y eventuales delitos cometidos por los representantes de Kimün, la cual es indagada por la Fiscalía Regional de Los Lagos. Sin embargo, el Comité Penal de la entidad, encabezado por María Inés Horvitz, se encuentra analizando antecedentes referentes a otros 12 casos.
Será, además, en la sesión del comité del jueves 24 de agosto, que los consejeros debatirán sobre la información disponible para querellarse en el caso de Democracia Viva y de Fundación En Ti, donde Camila Polizzi asoma como protagonista.
En el caso de Kimün, como indicaron desde el CDE, la querella se funda “en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de la carpeta investigativa y que darían cuenta de una serie de traspasos irregulares de dinero entre organismos estatales y fundaciones, en particular entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la mencionada Corporación”.
Llegaron a la conclusión, como indicaron, que “los imputados Jaime Huincahue y Diego Ancalao, se habrían concertado para defraudar al Fisco y así obtener fondos destinados a solucionar problemas de tenencia irregular de pequeños propietarios agrícolas de la Región de Los Lagos, bajo la apariencia de un convenio celebrado con el Gobierno Regional y la Corporación Kimün. Sin embargo, una vez que los fondos fueron transferidos a la citada Corporación éstos habrían sido desviados a otros fines, provocando con ello un perjuicio fiscal que se estima en más de mil millones de pesos”.
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