La historia se repite: Con votos DC y de derecha, Cámara de Diputados valida resolución que acusó a Allende de quebrar la Constitución

El gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno desastroso”, le dijo el diputado Miguel Ángel Calisto (CDU) a la parlamentaria Daniela Serrano (PC). “Eso no te permite agarrar la institucionalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados para declarar una inconstitucionalidad a un gobierno legítimamente electo”, contestó la diputada comunista.

• La imagen constató una tensa sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados, que votó un solicitud de la bancada del PC que buscaba condenar el acuerdo de la Corporación del 22 de agosto de 1973 “contra el gobierno del Presidente Salvador Allende, rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República”.
• La solicitud fue rechazada con 57 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, estas últimas de los diputados PDG Gaspar Rivas y Karen Medina.
• La iniciativa se rechazó con votos del Partido Republicano, Chile Vamos, Demócratas y la DC. Y fueron justamente estos últimos dos partidos los que se llevaron toda la atención de los parlamentarios oficialistas.
• Mientras Daniela Serrano argumentó a favor de la solicitud, fue el diputado Alberto Undurraga, presidente de la DC, quien explicitó por qué los parlamentarios de su partido rechazarían la solicitud.
• “El proyecto de acuerdo de 1973 que quiere condenar el Partido Comunista en ningún caso fue un llamado a un Golpe de Estado, sino que fue una legítima y fundamentada crítica al gobierno de la época”, dijo el diputado en el hemiciclo y añadió que “prueba de ello” es que parte de quienes aprobaron esa resolución del 22 de agosto de 1973, al día siguiente del Golpe de Estado firmaron la conocida carta de los 13.
• “La Cámara de Diputados lo que ha hecho hoy día es validar un acuerdo de resolución del año 73 donde se señala explícitamente que la Unidad Popular fue un muy mal gobierno para el país”, dijo luego Calisto.

DC: “No nos parece que se ocupe como justificación del Golpe”. El martes, la DC había rechazado la lectura de la declaración del 22 de agosto de 1973, que finalmente fue aprobada.

• Undurraga explicó hoy que rechazaron la solicitud de este martes porque “no nos parece que se ocupe como justificación de un Golpe de Estado, que es lo que pretendía hacer cierta parte de la derecha, una declaración democrática, institucional, una crítica que se hace en el marco de la institucionalidad al gobierno de la Unidad Popular”.

PC: “Un error que van a lamentar”. El rechazo de la solicitud de condenar la resolución de la Cámara de Diputados de 1973 generó molestia en Apruebo Dignidad, pero sobre todo en el PC.

• “Yo invito a que se lean el acuerdo que invitaba a las Fuerzas Armadas a intervenir y eso sin duda que es un instrumento golpista”, señaló el jefe de bancada del PC, Luis Cuello y añadió que esto “es un error que van a lamentar por varias décadas”.

Iniciativa del Frente Amplio. En la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados también se votó este miércoles una solicitud para condenar la “violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 por parte de agentes del Estado en contra de mujeres”. La iniciativa ingresada por el Frente Amplio también planteaba solicitar al Presidente Gabriel Boric “visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia e impulsar medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y/o sus familias, avanzando en justicia y garantías de no repetición”.

• La solicitud fue aprobada con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.
• Los 50 votos que suman entre quienes rechazaron la iniciativa y quienes se abstuvieron fueron de Chile Vamos y del Partido Republicano.

Qué dice la declaración del 22 de agosto de 1973. La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto, días antes de la caída de Allende.

“PRIMERO. Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañaban los hechos y circunstancias referidos en los considerandos N°s a 12 precedentes;

SEGUNDO. Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO. Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional.

El rol histórico de la DC. El presidente de la DC de la época, Patricio Aywin, tuvo un rol clave en la articulación y redacción del texto, y realizó un relato pormenorizado sobre lo ocurrido en su libro “La experiencia política de la Unidad Popular”.

• “Nuestra posición era que cualquier declaración o acción que se hiciese al respecto debía estar dentro del marco de la Constitución y carecer de todo carácter golpista. De acuerdo a ello, sugerí que, conforme a las facultades fiscalizadoras que la Constitución otorgaba a la Cámara de Diputados, esta podía elaborar un proyecto de acuerdo que representara al presidente de la República y a los ministros, miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, las graves infracciones constitucionales ilegales que a juicio de los diputados se estaban produciendo”, indica Aylwin.
• “Sabíamos que para avanzar hacia una acusación constitucional se requería de dos tercios, lo que no obtendríamos. Es decir, desde un comienzo tuvimos claro que la presentación del acuerdo solo tendría un carácter testimonial, pero aún así estimábamos que era una acción que debíamos realizar, toda vez que la Constitución nos lo permitiera”.