La Contraloría constató una serie de irregularidades en el traspaso de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada en ese entonces por Carlos Contreras (ex RD), y la fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade (ex RD), ex pareja de la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD).
La información recabada y publicada por el ente fiscalizador en un documento de 87 páginas será entregada el Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado; y se enmarca en una serie de indagatorias que está realizando el organismo a propósito del Caso Convenios.
Tras dos meses de labores investigativas a través de auditorías especiales, ¿Cuáles son las principales conclusiones de la Contraloría?
Asignación sin justificación
En primer lugar el ente fiscalizador constató que no existe un procedimiento formal para la selección de entidades para ejecutar proyectos del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como por ejemplo un llamado a concurso público.
En ese contexto, el convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva fue a través de trato directo y no se dan a conocer los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos (tres convenios por $426 millones) ni los criterios de selección. Además, anotan falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que debía ejecutar.
Falta a la probidad
Asimismo, la Contraloría advierte que el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras – responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos – mantenía un vínculo de púbico conocimiento con el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por lo que eventualmente habría vulnerado el principio de probidad ya que carecía de la imparcialidad necesaria para llevar cabo estos convenios. En esa línea, el ente fiscalizador asegura que Andrade debía abstenerse.
No hay ficha técnica ni plan de trabajo
Por otro lado, Democracia Viva no aportó una ficha técnica con los antecedentes que permita asociar los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas de las mismas, los tiempos de ejecución y los costos involucrados; elementos que permiten una correcta rendición de cuentas. Asimismo, en dos de los convenios de transferencia, no se presentó un plan de trabajo ni un plazo para la entrega.
Y en el otro, se determinó falta de cumplimiento por parte de Democracia Viva en el plazo de entrega. Además, el documento señala que existen debilidades en el proceso de control de las rendiciones, como por ejemplo en el registro de planillas Excel de los montos transferidos, según en ente fiscalizador dichas planillas no tienen un mecanismo de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros.
Al menos 12 personas contratadas por fundaciones
La Contraloría también dio a conocer que en la Seremi de Vivienda de Antofagasta trabajan al menos 12 personas que fueron contratadas por organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios (una de ellas en Democracia Viva) las que desarrollaban actividades propias de esa Secretaría, como por ejemplo labores de gabinete, revisión de rendiciones y algunas tenían acceso a las plataformas institucionales.
Esta situación también se registró en el Serviu de la región, donde al menos tres personas también fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios.
División de convenios
Finalmente, la Seremi de Vivienda suscribió dos convenios separados con Democracia Viva para iniciativas de inversión en los campamentos EcuaChilePe ($200 millones) e Irarrázaval Etapa I ($170 millones), ambos colindantes y que forman parte del Macrocampamento Balmaceda.
A juicio de la Contraloría no se justifica su fraccionamiento, sin embargo esta división evitó que ambos convenios fueran revisados por el órgano fiscalizador, ya que la normativa indica que sólo deben pasar por toma de razón las transacciones que superen las 5.000 UTM ($315 millones aprox).
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